El Senado de la provincia de Buenos Aries que preside el vicegobernador Daniel Salvador creó una Comisión Especial “de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes alojados en entidades deportivas”, con el objeto que se propongan normas que regule las responsabilidades y derechos de los actores intervinientes.
La iniciativa parlamentaria, que lleva la firma de los cuatro presidentes de bloques que integran el Cuerpo -Roberto Costa, Cambiemos; Teresa García, UC-FpV; Darío Díaz Pérez, PJ-UyR y José Luis Pallares del massismo- , tiene por objeto, en el lapsus de tres meses, prorrogables por igual término por única vez, presentar las propuestas legislativas elaboradas por ella al pleno de la Cámara.
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Los senadores entienden que “la vulnerabilidad que representa para niños y jóvenes llevar adelante un proyecto de vida extremadamente competitivo estado lejos de su núcleo familiar, se considera urgente e indispensable la creación de normas que regulen el funcionamiento de estas instituciones con el fin que se protejan los derechos y la dignidad de los niños y adolescentes”.
Específicamente se consigna que la comisión especial estará integrada por siete miembros y que podrá realizar consultas y/o convocar a las personas, instituciones y organizaciones que consideren necesaria y, aclara, que en todos los casos la participación será ad honorem.
Así, se aprobó por unanimidad la creación en el ámbito el Senado la creación de la “Comisión Especial de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes alojados en entidades deportivas con el objeto que se propongan normas que regule las obligaciones y derechos de los clubes de fútbol y otras entidades cualquiera sea la denominación que adopten, y cuya finalidad sea el desarrollo de la práctica deportiva en cualquiera de sus modalidades que funcionen en el territorio de la provincia de Buenos Aires”, según se consigna en el artículo uno de la iniciativa.
Los legisladores agregaron que en este tipo de prácticas, “no existen una normativa que regule y controle los espacios de alojamiento, por lo que el Estado desconoce si los derechos de los niños que allí se encuentran son debidamente garantizados”.
Esto, según se extendieron los impulsores de la iniciativa, partiendo de la concepción establecida en la ley 13298 que plantea el interés superior de niños, niñas y adolecentes, y la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento efectivo de sus derechos.
Por lo cual concluyeron que “es urgente repensar esta problemática de forma integral, junto a los actores involucrados en el desarrollo de actividades deportivas y en el servicio de albergue, con el propósito de asegurar condiciones dignas y de seguridad para los jóvenes”.
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