Gobernadores y representantes de todas las provincias argentinas -entre ellos Axel Kicillof– reclamaron al Gobierno de Javier Milei medidas que alivien la drástica caída de los recursos que coparticipa, y que pone en jaque la prestación de servicios básicos que prestan a sus ciudadanos.
La cumbre celebrada hoy en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) alumbró un documento que plasma el acuerdo para proponer un proyecto de ley que elimina todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto sobre los combustibles líquidos y la distribución del 56 por ciento de ese dinero a las provincias.
También buscan un esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional, que Nación distribuye discrecionalmente para atender emergencias o situaciones críticas desde el punto de vista económico, para que pase a repartirse de acuerdo a lo que establece la Ley de Coparticipación Federal.
Los gobernadores consideran que la propuesta “no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales” y que generará “más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional”. La propuesta se hizo a instancias de dos funcionarios de tercera línea del Gobierno. Ni el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, se hicieron presentes en el CFI.
Voceros de la Casa Rosada dejaron trascender prontamente que la propuesta “no está en sintonía” con sus propios objetivos. La pelota quedará, en estos términos, en el campo del Congreso de la Nación, donde el oficialismo no tiene tropa propia pero sí aliados que le han permitido imponer su agenda sin mayores sobresaltos.
El gobernador Axel Kicillof destacó el consenso al que se arribó en el encuentro. HAbló de “un trabajo conjunto muy importante para consolidar el federalismo y defender los fondos que genera el pueblo a través de su esfuerzo y que significan más salud, más educación, más infraestructura y más derechos para mejorar su futuro”.
Motosierra al borde de la Ley
El foco de los gobernadores no se posó sobre la recaudación del Impuesto a los Combustibles por casualidad. Se trata de un instrumento que financia distintos fondos fiduciarios que a la vez financian obra pública en todo el país. Sin obra pública, el Gobierno de Javier Milei lo retiene indebidamente.
“El gobierno está cometiendo una ilegalidad porque es un impuesto con un destino específico. Si los gobernadores lo llevan a la justicia y tienen las de ganar” explicó el economista Agustín Lodola.
El especialista indicó que, a diferencia de las transferencias discrecionales, que “se pueden parar” y de las “transferencias automáticas, que bajan por la caída de la actividad”, la retención de la recaudación del Impuesto a los combustibles sí tiene carácter ilegal.
De acuerdo con datos de ARCA, durante el primer semestre de 2025 el impuesto a los combustibles recaudó unos $230.900 millones. En enero de 2025, siempre según datos oficiales, el ICL aportó alrededor del 18 % de la recaudación tributaria mensual, reflejando un aumento de un 209 % interanual nominal.
Los números de las Provincias, en rojo
La situación fiscal de las provincias atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en mayo de 2025 las transferencias de recursos tributarios de origen nacional hacia las provincias cayeron un 23,3% interanual en términos reales, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos se desplomó un 26,2%. El ajuste que viene aplicando la gestión de Javier Milei golpea de lleno a las arcas provinciales, que dependen en promedio de estas transferencias para sostener más de la mitad de sus ingresos.
El desplome se explica por la recesión, la caída de la recaudación de IVA y Ganancias, y por una base de comparación altísima en mayo de 2024, cuando las empresas pagaron Ganancias infladas por la devaluación de diciembre 2023. Mientras Nación pudo compensar con Impuesto PAIS y Retenciones —que no son coparticipables—, las provincias quedaron expuestas a un recorte inédito. En todos los distritos, sin excepción, los recursos nacionales bajaron en términos reales.
La situación es homogénea, aunque con matices. Río Negro encabezó la lista con una baja del 26,5%, mientras que Salta fue la que menos perdió, con un 19,9%. Lo que viene no parece alentador: si bien en los primeros meses del año hubo cierta mejora estadística por comparación con un 2024 muy flojo, esa ventaja se agotó en mayo y podría recién volver a notarse en junio.En el caso de la provincia de Buenos Aires, el recorte fue severo: perdió un 21,2% de recursos de origen nacional en mayo y un 25,3% en transferencias por Coparticipación, valores similares al promedio nacional, pero que impactan con mayor fuerza en un distrito que concentra más del 38% de la población y tiene altos niveles de gasto social. La pérdida de fondos coparticipables limita la capacidad de Axel Kicillof para sostener obras, asistencia social y servicios esenciales en medio de la recesión.
