El pasado lunes comenzó el debate oral y público en el cual se juzgarán los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 1976 desde la órbita de la Brigada de investigaciones de San Junto, partido de La Matanza.
Esa brigada dependía de la Dirección general de inteligencia a cargo del genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.
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En este juicio se tratarán el caso de 84 víctimas, de las cuales 13 permanecen desaparecidos.
Por su parte, habrá 19 imputados, entre los que se encuentra nuevamente Etchecolatz. La Comisión Provincial por la Memoria aportó documentación probatoria que pertenecía del archivo recuperado de la DIPPBA.
El Tribunal Federal Oral 1 con asiento en La Plata está integrado por los jueces subrogantes Alejandro Esmoris, Nelson Jarazo y Pablo Vega, y hay cinco querellas además de dos defensas oficiales y abogados particulares de los imputados.
Tal como sostuvo la Agencia Andar de la CPM, las imputaciones van desde la “privación ilegítima de la libertad agravada por la condición de funcionario público, aplicación de tormentos reiterados durante más de un mes, entre otros. Otro agravante de la acusación es el carácter de persecución política contra las víctimas, lo que califica los hechos investigados como delitos contra el derecho de gentes, constituyentes de crímenes de lesa humanidad”.
Entre los casos de víctimas, se encuentra a Ricardo Hernán Cabello, un militante estudiantil de 15 años de edad, quien fue privado de su libertad en la comisaría 1° de San Justo y luego en la Brigada, donde permaneció hasta octubre de 1978. Con él llegó a estar alojado otro joven de 16 años.
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