Sam Altman, el CEO de OpenAI, anunció que la compañía firmó un acuerdo con el Departamento de Guerra de los Estados Unidos para desplegar sus modelos de inteligencia artificial en redes militares clasificadas. Por primera vez, una empresa privada pasa a operar dentro de una arquitectura militar ultrasecreta, un terreno históricamente soberano, regulado y vedado para actores corporativos.
El comunicado de Altman menciona principios de “seguridad”, límites a la autonomía letal y prohibición de vigilancia masiva doméstica. Pero la clave está en lo que no dice: la naturalización de que decisiones sensibles —que antes exigían control democrático, debate público y supervisión estatal— ahora se negocian entre un puñado de funcionarios y un CEO.
Altman es uno de los tecnólogos más influyentes del planeta. Su patrimonio ronda los US$ 3.000 millones, y la empresa que dirige fue valuada recientemente en más de US$ 700.000 millones, colocándola en la liga de actores cuya capacidad de decisión rivaliza —y en algunos casos supera— a la de los Estados nacionales.
Esto introduce otro factor decisivo: no son solo empresas, sino multimillonarios hiperconectados quienes empiezan a arbitrar las reglas de la inteligencia artificial. Cabe preguntarse en este contexto: ¿qué pasa cuando la infraestructura cognitiva que puede definir conflictos militares queda en manos de individuos cuya legitimidad no proviene del voto, sino del capital?
Una vieja advertencia viene a golpearnos de frente
Para entender el alcance político de este movimiento, vale la lectura del abogado y dirigente Jerónimo Guerrero Iraola, que define el momento como “un punto bisagra en la historia universal”. Guerrero Iraola sostiene que ya no estamos frente a una revolución industrial clásica, sino ante una delegación cognitiva: funciones analíticas, decisorias y operativas que antes eran monopolio estatal pasan ahora a corporaciones globales.
Según su análisis, los Estados comienzan a ceder administración, infraestructura y capacidades estratégicas a gigantes tecnológicos, y se libra una competencia feroz por quién dominará la gobernanza futura de la IA, un organismo multilateral que todavía no existe pero ya está en disputa. Y todo ocurre sin marcos éticos, bioéticos ni políticos: el modelo es “romper rápido, conquistar hegemonía y después ver”.
Guerrero Iraola advierte que este corrimiento del poder no es un fenómeno técnico, sino una mutación estructural del sistema político global. Si el control de los sistemas cognitivos se concentra en pocas manos privadas, las democracias quedan condicionadas por actores que no rinden cuentas ante nadie.
Tambien la socióloga e investigadora argentina Milagros Miceli, reconocida internacionalmente por su trabajo sobre inteligencia artificial, ha hecho su advertencia sobre estos: “no son neutrales ni autónomos”, dice una y otra vez, remarcando que su funcionamiento está atravesado por decisiones humanas, sesgos culturales e intereses corporativos.
Miceli subraya dos puntos clave para leer el anuncio de Altman: La IA no decide sola: provee información, pero la autoridad final —económica, militar, política— depende de quienes controlan la tecnología. La infraestructura de IA se sostiene sobre trabajo precarizado, distribuido globalmente, invisibilizado y altamente dependiente de desequilibrios estructurales de poder que millonarios superpoderosos pueden volcar más a su favor mediante el uso de la fuerza.
Si estas tecnologías, atravesadas por lógicas corporativas, entran en la esfera militar, la opacidad se multiplica. La sociedad pierde trazabilidad sobre qué datos entrenan a los modelos, quién supervisa sus salidas y bajo qué criterios se usan en contextos de guerra.
¿Qué significa que ChatGPT vaya a la guerra?
Significa que el centro del poder global ya no es únicamente militar ni económico: es cognitivo. La capacidad de procesar información, anticipar escenarios y automatizar decisiones se vuelve un factor estratégico en sí mismo. Y, por primera vez, ese poder ya no está en manos de los Estados, sino de corporaciones dirigidas por multimillonarios con agendas propias.
Eso debería importarnos, porque lo que ayer era ciencia ficción —algoritmos decidiendo aspectos críticos de la seguridad global— hoy empieza a institucionalizarse sin debate ciudadano, sin regulación democrática y sin marcos de control adecuados. El acuerdo entre Altman y el Departamento de Guerra es un síntoma. Los actores que definirán la guerra del futuro no son gobiernos, sino empresas. Y, detrás de ellas, individuos cuya legitimidad surge del mercado, no de la sociedad.
