La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) busca frenar el ajuste que el Gobierno Nacional está implementando en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El gremio que nuclea a empleados públicos envió una intimación en la que advierte que podría presentar una denuncia en la Justicia. Cuál es la situación.
El conflicto en el INTI viene de larga data y empezó con despidos masivos y recortes presupuestarios. Sin embargo, se agudizó en diciembre cuando la administración libertaria eliminó algunos programas del organismo y habilitó la entrada de nuevos actores a lo que antes eran servicios exclusivos.
En este escenario, ATE le pidió al Gobierno Nacional que deje sin efecto esas medidas (formalizadas en la Resolución 213/25) “en forma perentoria y urgente”. Desde el sindicato consideran que la iniciativa “carece de razonabilidad y oportunidad” por lo que están analizando realizar acciones judiciales y gremiales si la intimación no da resultados.
En la mañana de este lunes, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que hay un “intento de privatización” detrás de la eliminación del programa de metrología legal del INTI. “Esta medida no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población”, expresó.
El programa en cuestión era el que se encargaba de controlar surtidores de combustible, balanzas comerciales, alcoholímetros e instrumentos médicos, entre otros aparatos medidores. Según Aguiarm “esto va a tener consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas”.
De acuerdo con la Resolución 213/25, son 12 las certificaciones que el INTI ya no va a otorgar. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estos servicios se van a dejar de prestar el 31 de enero de este año.
