El Poder Ejecutivo oficializó la “desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación” relacionada con el atentado a la AMIA existente en la administración pública nacional, especialmente la proporcionada por la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El decreto 213 publicado hoy en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
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Así lo había adelantado el mandatario en la apertura de sesiones del Congreso: “Esa calidad institucional que pregonamos, solo se logrará si todos ayudamos a conocer la verdad. Por eso, a veintiseis años del atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de Investigaciones desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo. Lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema”.
El artículo 1 establece: “Otórgase el carácter de público en los términos del inciso C del artículo 16 bis de la Ley (Nacional de Inteligencia) N° 25.520 y sus modificaciones, a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos”.
En la desclasificación se incluye “los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial”.
Se dispuso, entonces, “declarar la desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado” contra la mutual, “su encubrimiento y delitos conexos existente en todas las dependencias de la Administración Pública Nacional, incluyendo toda información tratada en resoluciones y decretos dictados oportunamente”.
Además, el decreto recuerda que en 2015 se dispuso la desclasificación de documentación identificada por la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado contra la sede de la AMIA y se instruyó a la AFI a remitir a esa Unidad “toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados” a la causa. Luego, en 2017, se dispuso la desclasificación de material no alcanzado por la medida anterior.
No obstante, se aclara que persisten “diversos obstáculos para un acceso pleno al derecho a la información y a la verdad por parte de las víctimas y familiares del atentado”.
Esa situación “afecta a la sociedad en su conjunto ya que sin duda alguna existe una vinculación inescindible entre democracia, derechos humanos y verdad, que el Estado debe sostener en sus acciones”, según dice el texto de la norma que agrega: “El derecho a la verdad implica la obligación del Estado de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones a los derechos humanos, así como también de garantizar el acceso a la información relativa a ellos que se encuentra”.
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