El esquema de “normalización” del sistema eléctrico que impulsa el Gobierno nacional sigue generando preocupación entre especialistas y actores del sector. Fuentes consultadas por INFOCIELO advirtieron que la Resolución 400/2025, firmada por la Secretaría de Energía, podría derivar en un escenario de “shock tarifario”, concentración empresarial y mayor volatilidad en los precios de la energía.
Desde el ámbito provincial, una fuente consultada por este medio describió una serie de puntos críticos que, según señaló, “ponen en tensión la estabilidad del mercado y la protección de los usuarios residenciales”. Entre ellos, destacó el riesgo de picos tarifarios ante subas del gas o baja hidraulicidad, la debilidad contractual de las distribuidoras ante el retiro de CAMMESA como operador central y la posible concentración del poder de mercado en manos de las grandes generadoras privadas.
La misma fuente señaló que las centrales térmicas bajo control estatal, hoy en manos de ENARSA, pasarán a operar únicamente bajo el régimen “spot” hasta su privatización. En ese lapso, podrían influir sobre los precios de punta y reducir la capacidad del Estado para amortiguar subas.
Otro punto sensible es la exigencia a nuevos grandes consumidores, como polos industriales o data centers, de garantizar su propia capacidad de generación y respaldo físico. Esto, advirtieron, “podría desalentar inversiones o profundizar desigualdades regionales en materia energética”.
También plantearon que la falta de coordinación entre el nuevo esquema nacional y los marcos regulatorios provinciales podría derivar en conflictos de facturación y demoras en la actualización de tarifas, reeditando el viejo problema de las deudas de las distribuidoras con CAMMESA.
Preocupación en el sector cooperativo: contratos en dólares y riesgo de desigualdad tarifaria
Desde el sector cooperativo bonaerense también se multiplican las dudas y advertencias. Fuentes del sector señalaron a INFOCIELO que cada cooperativa deberá negociar directamente con los generadores, y que los resultados de esas negociaciones “podrían terminar trasladándose a los usuarios, aun cuando la tarifa siga regulada por la Provincia”.
“Si una cooperativa cierra un mal contrato, el vecino podría terminar pagando más que en otra ciudad. Eso rompe la equidad del sistema”, advirtieron. También reconocen que el nuevo escenario podría favorecer a los grandes clientes industriales, que contratarán por su cuenta en dólares, pero dejaría en situación frágil a los usuarios residenciales.
En ese marco, las cooperativas advierten que sus finanzas ya están tensionadas por deudas con CAMMESA y por la función social que cumplen en muchas localidades. “Para un generador privado, siempre será más rentable venderle a un cliente directo que a una distribuidora chica”, sintetizó otro representante del sector.
Desde otro sector del cooperativismo consideraron que las medidas abren un “nuevo paradigma”, donde las cooperativas podrían generar sus propias comercializadoras y los grandes usuarios elegir su distribuidor. Sin embargo, admiten que el desafío será “sostener a los usuarios residenciales en un mercado dolarizado y sin red de contención”.
