A 35 años del triunfo de Raúl Alfonsín en la presidencia, lo que permitió la vuelta de la etapa democrática en el país, la justicia decidió otorgarle la prisión domiciliaria a dos genocidas que fueron parte de cientos de secuestros, torturas y desapariciones en la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA).
Los jueces del Tribunal Oral Federal 5 de la ciudad de Buenos Aires, Daniel Obligado y Adrián Paliotti, decidieron habilitar a los genocidas Juan Arturo Alomar y Guillermo Pazos a cumplir sus condenas en sus casas. En el primer caso, la justicia se expidió con un argumento insólito: la mujer de Alomar sufre de depresión y alegan que su cuadro se agrava más en caso de tener que visitar a su pareja en la cárcel.
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Los dos nuevos casos se suman a los numerosos fallos similares que la justicia está concediendo a represores de la última dictadura cívico-militar. Entre ellos, el caso de Miguel Etchecolatz, que debido a la presión de los vecinos que vivían cerca de su casa, se logró que volviera a una prisión común.
Alomar había sido condenado a trece años por el TOF Nº 5 recién en noviembre del año pasado, pero ahora el mismo tribunal sostuvo que podrá cumplir la condena en su casa. En el fallo, la justicia no solo contempló el caso de su mujer, sino también que la misma no podía ser cuidado por sus hijos, porque se encuentran “imposibilitados” debido a ocuparse de sus propias familias.
Por su parte, en el segundo condenado Guillermo Pazos, los jueces atribuyeron a un “déficit de movilidad ocasionado por una afección en su rodilla derecha”, para otorgarle la domiciliaria.
Eso “afecta su dignidad al verse precisado de la permanente asistencia de otros internos para atender sus propias necesidades”, avalaron increíblemente los jueces.
Pese a la marcha atrás con la ley del “2×1” que intentó legitimar la Corte Suprema, desde que asumió Mauricio Macri al poder, hay una constante en la otorgación de beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad.
Según las propias estadísticas del Ministerio Público Fiscal y de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hasta el pasado 20 de septiembre se registraban 641 genocidas que cumplen sus condenas en sus casas. Sólo 272 lo hacen en cumplimiento efectivo en cárceles comunes.
Este número dio un verdadero giro el año pasado, ya que a mediados de 2016 de 1056 detenidos, 568 cumplían su pena en cárceles y 462 lo hacían en sus casas.
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