Autoridades del ministerio de Trabajo nacional lograron frenar el paro de colectivos por 24 horas que el gremio anunció para las 00:00 del martes 30 de mayo a través de una prórroga de la conciliación obligatoria entre el sindicato de la UTA y representantes de las empresas de transporte.
Tras la reunión llevada a cabo de forma virtual, se supo que la extensión de las discusiones se ampliará a los siguientes diez días. “La UTA acata y levanta la medida” afirmaron desde la cartera laboral , ante la consulta de Infocielo.
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De esta manera y aunque aún no hay arreglo salarial, la medida de fuerzo quedó temporalmente suspendida, situación que traerá alivió a miles de usuarios en todo el país.
Paro de colectivos: los nudos a desatar en la discusión
El gremio de la UTA liderado por Roberto Fernández señala que el acuerdo firmado en febrero de 2023 quedó desfasado producto de la inflación y exige una serie de mecanismos de compensación para sostener el nivel adquisitivo de los salarios.
En ese marco, demandan un incremento retroactivo para que el básico desde abril último sea de 262 mil pesos. A su vez, piden un bono único no remunerativo de 32 mil pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores del sector, pedidos que los empresarios dicen que no pueden solventar.
En tanto, la Federación Argentina de Transportadores de Pasajeros (Fatap) volvió a insistir con la readecuación del Fondo Compensador por parte del Ministerio de Transporte de la Nación.
“A pesar de la claridad de la situación, los contratos de concesión no se cumplen, porque las tarifas se fijan en base a criterios políticos y no a las normas técnicas en ellos establecidas” denunciaron.
En especial, apuntaron a que “los convenios suscriptos entre provincia y nación tampoco se respetan, porque las provincias no cumplen con su obligación de garantizar la sustentabilidad del sistema” y “porque el Estado Nacional fija los aportes al Fondo Compensador al Transporte del Interior (incumpliendo normas preexistentes) ignorando el grave proceso inflacionario vigente, omitiendo los ajustes necesarios y distribuyendo los fondos tardía y arbitrariamente (en algunas jurisdicciones no se han cancelado aún períodos del año 2022), sin criterios objetivos verificables” denunciaron.
Ante este complejo escenario, las partes buscarán en futuras reuniones arribar a un acuerdo dentro del nuevo plazo fijado por las autoridades nacionales.
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