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Tras el anuncio de un pre acuerdo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 44 mil millones de dólares que será pagada a partir de la firma de un nuevo programa con el organismo de crédito, distintas fuerzas políticas han respaldado al Presidente Alberto Fernández, como la CGT, la CGERA, gobernadores peronistas, intendentes bonaerenses e incluso la oposición de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, las mayores incógnitas sobre el parecer respecto de un nuevo acuerdo con el FMI circundaron dentro del propio Frente de Todos, y en especial en la postura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de quien se supone que dio su explícito aval a las negociaciones que comandó el ministro de Economía, Martín Guzmán, pero que aún no las ha hecho públicas.

Se sabe que Martín Guzmán ha viajado al Calafate a entrevistarse personalmente con la vicepresidenta cada vez que tramitó algún anuncio de importancia; no obstante, consultado este viernes en conferencia de prensa por la opinión de Cristina Fernández sobre las negociaciones por el entendimiento desarrolladas en las últimas horas, el ministro optó por la esquiva.

“Nosotros enviaremos el programa al Congreso de la Nación, y la Cámara de Diputados y el Senado definirán su apoyo”, respondió Martín Guzmán ante la pregunta sobre si Cristina Fernández conocía “los números” acordados con el FMI, en tanto que aún se encontraba de viaje en Honduras.

Por su parte, sin nombrarlo, la vicepresidenta había cargado contra el Fondo apenas dos días atrás, cuando desde Honduras le recriminó por la imposición de los programas de ajuste en Latinoamérica.

Incluso en diciembre, en ocasión de la celebración del día de la Democracia, con la compañía de Alberto Fernández y del ex presidente de Brasil, Inacio Lula da Silva, frente a una plaza de Mayo llena de personas, Cristina Fernández expresó: “Presidente, tenemos muchas dificultades, pero ante las grandes adversidades, grandes acciones: necesitamos que el Fondo nos ayude a buscar los dólares de los que fugaron y se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un punto de negociación con el Fondo”.

Tras dos años de gobierno, y cuando este mismo viernes vencieron más de 700 millones de dólares de la deuda que contrajo el ex presidente Mauricio Macri, Alberto Fernández aseguró que el nuevo programa con el FMI “no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo”, mientras que el ministro Guzmán aclaró que no habrá saltos devaluatorios y se mantendrían los niveles de inversión pública.

Sin embargo, la manera de cómo el ministro Guzmán buscará cumplir las metas acordadas con el FMI, aún es materia de debate, en especial respecto de las metas de déficit fiscal trazadas del 2,5% en 2022, del 1,8% en 2023 y del 0,9% en 2024, hasta llegar al déficit cero en 2025. Desde el Gabinete Económico aseguran que una mayor recaudación producto del crecimiento económico proyectado, en sintonía con una reducción a los subsidios a la energía, serían los principales elementos para lograr esas metas.

Como en un dejavú de fines de 2020 y comienzos de 2021, cuando la vicepresidenta pedía alinear tarifas y precios con salarios y jubilaciones, el entredicho dentro de la coalición de gobierno podría volver a surgir, con el condimento adicional de las periódicas revisiones a la política económica argentina por parte del FMI. Y, una vez más, las tarifas estarán en el centro del debate.

Este viernes, Martín Guzmán sostuvo que este 2022 no habrá un nuevo aumento de tarifas, más allá del ya acordado 20% que se concretaría entre marzo y abril. Pero unos minutos más tarde, fue el propio Fondo Monetario Internacional en el que en su comunicado remarcó la importancia de “reducir los subsidios en energía de manera progresiva”. Lo cierto es que con una inflación proyectada semejante a la del 2021, las tarifas deberán subir bastante más que el 20% ya acordado, de acuerdo a la voluntad del FMI.

“Las tarifas deben ser pagables”, había sido la postura del gobernador Axel Kicillof cuando en mayo pasado se suscitó la interna entre el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y su superior, Martín Guzmán, sobre la política tarifaria. Este viernes, tras algunas horas de silencio, finalmente Axel Kicillof salió a apoyar el acuerdo con el FMI llevado adelante por el titular de Economía, y expresó que “evitará una verdadera catástrofe en lo inmediato”.

El respaldo de Axel Kicillof al Gobierno nacional da cuenta de la anuencia de la vicepresidenta al acuerdo con el FMI, y de su intención de mantenerse alejada de los focos al respecto, en una estrategia de carácter electoral pensando en 2023; un largo camino de dos años que afrontará el Frente de Todos, en el que deberá cumplir las metas del Fondo para poder acceder a los desembolsos que le permitan no entrar en default.

De todas formas, los principales sectores de la coalición de gobierno entendieron que acordar era mejor que no hacerlo, como dijo el propio presidente “sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro”. Aunque tampoco se han pronunciado aún Máximo Kirchner y los referentes camporistas.

Por su parte, la gobernadora Alicia Kirchner también “valoró el esfuerzo de nuestro gobierno para llegar a un acuerdo sin ajuste”, a la vez que remarcó que “nuestro pueblo merece que la justicia investigue la deuda contraída a sus espaldas. El FMI debe responsabilizarse del daño que genera violando su propia normativa”. De este modo, quien primero le pidiera la renuncia a su gabinete tras la derrota de las elecciones PASO, en una actitud simulada luego en el ámbito nacional, puso el dedo en la llaga al hacer foco en el aval que el Gobierno nacional terminará por brindarle al FMI en su aparente pragmatismo.

El propio pedido que Alberto Fernández realizara el 1 de marzo de 2021, para iniciar una querella criminal “tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”, pareciera quedar en el libro de los recuerdos.

Al igual que las posiciones de los partidos minoritarios del Frente de Todos, como la solicitud de Soberanxs -el partido de Alicia Castro y Amado Boudou– para llevar el acuerdo con el FMI a la Corte Internacional de Justicia, por haber violado los propios estatutos del Fondo; o bien del Frente Patria Grande, quien pide avanzar en una investigación sobre la fuga de capitales acontecida en la gestión de Mauricio Macri.

Desde el partido que conduce Juan Grabois, resumieron: “De nada sirve a los fines de concretar el compromiso de una vida digna para todos, que honremos pagos al FMI y cumplamos con las metas de crecimiento sin un plan de desarrollo humano integral que contemple soluciones concretas para cada padecimiento del pueblo”.

Con o sin acuerdo, el debate que se cierne en el Frente de Todos es el mismo que hace un año, y redunda en cuánto crecimiento deberá tener la economía, o más bien cómo generará una distribución del ingreso que permita salir de la grave crisis social que atraviesa el país, y que le permita llegar a 2023 con un sustancial apoyo popular.