De paso, reavivó el mito de austeridad que se impuso durante su mandato y que no tiene bases sólidas. Hay que recordar que la exgobernadora desembarcó el 10 de diciembre de 2015 con un equipo compuesto por un jefe de Gabinete, 12 ministros, un director general y tres secretarías. En total, 17 áreas con rango ministerial. El manejo del Gabinete de María Eugenia Vidal estuvo durante los cuatro años de gobierno en el foco de las polémicas. Primero, por su perfil: eran mayormente varones, exfuncionarios porteños o directivos de empresas; luego por las vacancias: llegó a estar 160 días sin ministro de Producción.
En diciembre de 2017, pasadas las elecciones legislativas que le dieron espalda para prescindir de alianzas, Vidal promovió un recorte del gasto público mediante la eliminación de áreas de Gobierno consideradas innecesarias o redundantes. Fueron en total 221 “cargos políticos” recortados: 14 subsecretarías, 82 direcciones provinciales y 125 direcciones de línea que, en teoría, iban a permitir el ahorro de unos 600 millones de pesos por año, equivalentes al 0.2 por ciento del Presupuesto de aquel año.
Había una trampita.
Poco antes, a fines de 2016, el Gobierno bonaerense había emitido un decreto de contenido “secreto” -sólo se publicó una versión extractada en el boletín oficial-, en el que autorizaba un gasto de más de 435 millones de pesos -el 0.23 por ciento del gasto de 2016- para contratar un verdadero ejército de asesores. No hay precisiones respecto de cómo se actualizaron esos montos en 2017, pero puede presumirse que, con una inflación interanual de 40 por ciento, crecieron a la par.
Así lo contaba INFOCIELO:
Se trata del decreto 1.278, que data de octubre, y que marca cuánto puede gastar la Gobernadora y cada uno de los ministros, secretarios y subsecretarios para contratar asesores. La norma establece que María Eugenia Vidal tiene a disposición 30 mil “módulos”, valuados en $17.5 por mes para dispensar en ese concepto. Cada Ministro tiene 25 mil, al igual que los secretarios, y hay 20 mil para cada uno de los subsecretarios. Se trata del decreto 1.278, que data de octubre, y que marca cuánto puede gastar la Gobernadora y cada uno de los ministros, secretarios y subsecretarios para contratar asesores. La norma establece que María Eugenia Vidal tiene a disposición 30 mil “módulos”, valuados en $17.5 por mes para dispensar en ese concepto. Cada Ministro tiene 25 mil, al igual que los secretarios, y hay 20 mil para cada uno de los subsecretarios.
La cuenta es sencilla: hay, actualmente, una gobernadora, catorce ministros, seis secretarios y unos 60 subsecretarios. La suma asusta: son unos 435 millones de pesos por año. El equivalente presupuestario a todo el gasto de la Secretaría de Medios o de la Autoridad del Agua; 100 millones más de lo que insume el funcionamiento del OPDS y 150 millones más de lo destinado a la Comisión de Investigaciones Científicas para el mismo período. La cuenta es sencilla: hay, actualmente, una gobernadora, catorce ministros, seis secretarios y unos 60 subsecretarios. La suma asusta: son unos 435 millones de pesos por año. El equivalente presupuestario a todo el gasto de la Secretaría de Medios o de la Autoridad del Agua; 100 millones más de lo que insume el funcionamiento del OPDS y 150 millones más de lo destinado a la Comisión de Investigaciones Científicas para el mismo período.
Esta avalancha de contratos realizados bajo la modalidad monotributo preparó el terreno para el supuesto recorte que se cocinaba. Para compensar los morlacos perdidos, los funcionarios de segunda y tercera línea fueron autorizados a realizar contrataciones “fantasma”. Florecieron los monotributistas-ñoquis que dejaban la mitad del sueldo a sus patrocinadores y que, para colmo de males, ni siquiera aportaban al Instituto de Previsión Social de la Provincia, favoreciendo su desfinanciamiento.
No se trató, en rigor, de una política novedosa. Apenas tomó las riendas del Gobierno, Vidal enfrentó un verdadero escándalo cuando se hizo público que contrataba como asesoras dentro de la Secretaría General a su peluquera y a su modista. Cuando trascendieron los hechos, debió dar marcha atrás. Nunca más se habló del tema.
Las obras tampoco se hicieron
El eje discursivo que utilizó la Provincia para explicar el ajuste de la “planta política” fue la necesidad de hacer obras. Esa plata, sostenía el Gobierno, se iba a volcar a obra pública. “Vamos a ahorrar en cada mango que nos toque administrar. No nos sobra nada y nos falta mucho. Nos faltan cosas muy básicas en la Provincia”, le explicaba Vidal a su Gabinete, puertas adentro.
Pero las obras tampoco se hicieron. Infraestructura comenzó el año con un presupuesto aprobado por la Legislatura de casi 21 mil millones de pesos. A los pocos meses le recortaron 1.800 millones y terminó ejecutando la mitad, según los datos de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires.
