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Luego de la sorprendente revelación de la jueza Ana María Figueroa, quien públicamente admitió haber sido “presionada” por miembros del gobierno de Mauricio Macri, los legisladores del Frente de Todos presentaron un escrito pidieron que se investigue el caso.

La denuncia que recayó en el juzgado del Dr. Daniel Rafecas y el Fiscal Federico Delgado, pide que se investigue los hechos relatados por la magistrada, quien puso de manifiesto lo que hasta ahora se venía sospechando y explicitando mediante algunas pruebas: la injerencia del macrismo en la justicia, durante los últimos cuatro años.

Según los diputados y senadores del oficialismo, la declaración de la jueza Figueroa dan cuenta de “las presiones e interferencias que fueron llevadas a cabo para direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial por miembros y sectores afines al gobierno” presidido por el expresidente, Mauricio Macri.

La presión puntual a la que se refirió la jueza, se dio para que votara a favor de la reapertura del expediente que había presentado en su momento el fallecido fiscal Alberto Nisman, en el cual se hablaba de un supuesto “encubrimiento” de los responsables del atentado a la AMIA, denominado “Memorándum de Irán”.

La denuncia de Nisman había sido desestimada por el juez Rafecas (el mismo que ahora tendrá en sus manos la denuncia de los legisladores) quien consideró que el pacto entre Argentina e Irán “nunca había entrado en vigencia” y las alertas rojas que se habían aplicado a los iraníes acusados de haber sido los autores intelectuales del atentado, “nunca fueron levantadas por la Interpol”.

Sin embargo, con la llegada de Macri al poder, la causa se reabrió súbitamente y terminó por procesar a varios ex funcionarios y dirigentes kirchneristas, entre ellos al ex Canciller Héctor Tímerman, quien falleció de cáncer mientras era juzgado y a quien el juez Bonadio le negó la posibilidad de acceder a su tratamiento en Estados Unidos. 

Ahora, el testimonio de la jueza Figueroa despertó el accionar del oficialismo y de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que se investigara una supuesta “ingeniería institucional” que se encargó en su momento de “perseguir a jueces” que no eran afines al gobierno de Cambiemos.

En esa línea, los legisladores consideraron que, “en virtud de la naturaleza incuestionablemente federal de los delitos denunciados”, pidieron que la Corte Suprema de Justicia interviniera en el caso, si así hiciera falta.  

En el escrito que presentaron esta tarde los diputados y senadores del FdT, se habla de “maniobras planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada Mesa Judicial”, que según los legisladores estaba integrada “nada más ni nada menos que por el ex Presidente de la Nación”, y otros ex funcionarios y “operadores judiciales”, como el ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Garavano, el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques, el ex titular de la AFI, escribano Gustavo Arribas, los ex Secretarios de Estado, Ores. José Torello y Pablo Clusellas, el ex Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián (“Pepín”) Rodríguez Simón y el expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.

A su vez, el oficialismo se valió de un informe inédito que realizó a fines del año pasado el Relator Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Dr. Diego García-Sayán, en el cual se describe de manera minuciosa, la existencia de un “plan sistemático direccionado desde el poder político para disciplinar jueces y obtener pronunciamientos judiciales afines a sus intereses espurios”.

Para el oficialismo, la declaración de Figueroa y el accionar instigador del ex gobierno hacia la justicia “resultan subsumibles bajo los delitos de asociación ilícita, asociación ilícita agravada, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias”.

LA “PRESIÓN” QUE DENUNCIÓ LA JUEZA

El 2 de mayo del año de este año, la Dra. Ana María Figueroa, jueza, integrante del máximo tribunal con competencia penal federal del país -la Cámara Federal de Casación Penal- brindó un reportaje en el programa “Torna y Daca”, que se transmite por la radio AM750, en el que dio cuenta de las presiones a las que fue sometida por un alto funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Poder Ejecutivo Nacional.

Mariano Martín (Periodista): “Quiero hacer un punto, doctora, en la respuesta que nos dio recién. Hoy hay independencia de trabajo para los magistrados pero usted dijo recién, en los cuatro años previos hubo muchas presiones y, si no anoté mal, dijo ‘yo fui una de las
 que sufrió muy severamente esas presiones ‘. Me gustaría ahondar en un momento en ese punto”.

Ana María Figueroa: “Sí. Aun votando de manera conjunta con colegas en algunas cuestiones más álgidas, políticamente, ex Presidente de la Nación, públicamente decía que felicitaba a los otros dos jueces a pesar de las presiones que habían tenido por la jueza Figueroa, y habíamos votado los tres igual, por ejemplo. Y presiones muchísimas”.

Mariano Martín: “¿Quién entraba a su despacho, doctora?”

Ana María Figueroa: “Un miembro del Ministerio de Justicia”.