El escándalo por la familia de 11 personas que fue trasladada desde Azul y terminó en la estación de trenes de Tandil sumó un nuevo capítulo: el intendente Miguel Lunghi (UCR) le exigió a su par Nelson Sombra (Fuerza Patria) que explique el operativo, se haga cargo de los gastos de asistencia y coordine el regreso del grupo a su ciudad de origen.
El reclamo fue formalizado este jueves mediante una nota enviada al jefe comunal de Azul, en la que el histórico jefe comunal de la UCR cuestionó el procedimiento realizado el 13 de agosto, cuando la familia fue trasladada en una combi del municipio azuleño y quedó en Tandil sin que, según denunció el Municipio, existiera una comunicación previa entre las áreas de asistencia de ambas ciudades.
El planteo tandilense incluye además un pedido concreto: que Azul arbitre los medios necesarios para regularizar la situación de la familia y garantizar su retorno seguro, además de afrontar los recursos económicos que Tandil debió destinar para atender la emergencia.
La dimensión del caso se profundiza porque entre las 11 personas trasladadas hay cinco menores de edad y porque, según la información que recibió Tandil, la familia se encontraba atravesando una situación de extrema vulnerabilidad.
Lunghi pidió que Azul se haga cargo
En la nota, el intendente tandilense reclamó a Sombra que, dentro de las próximas 48 horas hábiles, remita un informe detallado sobre las intervenciones que el Municipio de Azul había realizado con la familia.
El pedido incluye los antecedentes vinculados con los menores y las actuaciones de las áreas de salud, educación, trabajo y vivienda, además de los fundamentos sociales y jurídicos utilizados para disponer el traslado.
Lunghi también pidió que el intendente camporista se identifique a los funcionarios y agentes municipales que participaron de la decisión y de la ejecución del operativo.
Pero el reclamo central pasa por otro lado: Tandil quiere que Azul se haga cargo de la familia que trasladó y que pague los costos de la asistencia que debió brindar el Municipio tandilense.
Desde que el grupo llegó a la ciudad, las distintas áreas municipales activaron el protocolo para personas en situación de calle y debieron garantizar alojamiento, alimentos y atención sanitaria. Para Tandil, esos recursos fueron movilizados para resolver una emergencia que se originó fuera de su jurisdicción y sin coordinación previa.
Por eso, Lunghi reclamó que Azul arbitre los mecanismos económicos e institucionales necesarios para afrontar esos gastos.
El reclamo del municipio serrano no quedó limitado a un pedido de explicaciones. En la nota, la comuna dejó expresamente planteado que, si Azul no responde dentro de los plazos establecidos o la contestación no permite resolver la situación, evaluará avanzar con las acciones administrativas, civiles y eventualmente penales que correspondan.
Cómo terminó una familia vulnerable en una estación
El caso comenzó a tomar dimensión el jueves 13 de agosto, cuando una trabajadora social de Desarrollo Social y Hábitat de Tandil constató que un grupo familiar de 11 personas, incluidos cinco menores, se encontraba en la estación de trenes.
Según el relato que dieron sus integrantes, habían sido trasladados desde Azul en una combi municipal y les habían asegurado que en Tandil los estaban esperando para brindarles alojamiento y asistencia.
La escena que encontraron las autoridades tandilenses fue la de una familia que llevaba horas sin comer, sin abrigo y con sus pertenencias. Ante la situación, se activó el protocolo de emergencia y el Municipio dispuso alojamiento en espacios municipales.
También intervino la Policía y se solicitó a los integrantes del grupo que realizaran una exposición sobre lo ocurrido.
Desde la Secretaría de Protección Ciudadana de Tandil, que conduce Alejandra Marcieri, señalaron además que no habían recibido ninguna comunicación de Azul para coordinar la llegada de la familia ni para solicitar asistencia destinada a los menores o a personas en situación de riesgo.
La revisión de las cámaras de seguridad permitió establecer, según la información brindada desde Tandil, que el grupo había llegado en un vehículo municipal de Azul.
Las dos versiones y una investigación abierta
El episodio generó una investigación de oficio por averiguación de ilícito y también una denuncia presentada por el concejal radical de Azul Agustín Puyou contra funcionarios municipales y el intendente Sombra.
Puyou denunció posibles delitos de abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, con el agravante de que entre las personas involucradas había menores y adultos en situación de vulnerabilidad.
Según su presentación, la familia ya se encontraba bajo asistencia municipal y contaba con un convenio de relocalización por las condiciones de insalubridad del asentamiento Los Piletones. El concejal también señaló que días antes una integrante del grupo había denunciado situaciones de violencia vecinal y que se había pedido intervención y custodia policial.
Desde Azul, sin embargo, ofrecen una versión completamente diferente.
Fuentes municipales sostienen que fue la propia familia la que pidió trasladarse a Tandil porque aseguraba tener allí trabajo y alojamiento. Afirman que hubo acompañamiento profesional, que los integrantes firmaron un consentimiento y que recibieron información sobre el lugar al que se dirigían y las condiciones de la supuesta alternativa laboral y habitacional.
El traslado en una camioneta municipal existió, pero desde Azul sostienen que el vehículo llevó a la familia al lugar que sus propios integrantes habían solicitado y que el viaje respondió a un pedido urgente del grupo.
Así, mientras Tandil cuestiona que se haya trasladado a una familia vulnerable sin coordinación y se haya dejado la responsabilidad del otro lado de la frontera municipal, Azul sostiene que simplemente respondió a una solicitud de la propia familia.
Ahora Lunghi elevó la disputa institucional y puso un plazo sobre la mesa. Quiere explicaciones, exige que Azul asuma los gastos generados y reclama que se coordine el regreso de la familia.
Mientras tanto, detrás del conflicto entre dos municipios, siguen estando las 11 personas que quedaron en el centro del escándalo y, especialmente, los cinco menores que terminaron en una estación de trenes de otra ciudad en medio de una situación de extrema vulnerabilidad.
