La comunidad educativa universitaria y los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires protagonizan hoy una jornada decisiva de protesta con un alto acatamiento en las aulas y una masiva movilización hacia la Plaza del Congreso. La convocatoria, que reúne a estudiantes, docentes, nodocentes, rectores, organizaciones sindicales y partidos políticos opositores, tiene como eje central la exigencia de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta normativa declara la emergencia presupuestaria del sistema público de educación superior, ordena la recomposición salarial y actualiza las becas estudiantiles junto con los gastos de funcionamiento.
Pese a haber sido aprobada por el Congreso Nacional y ratificada en distintas instancias por la Justicia —incluyendo pronunciamientos respaldados por la Corte Suprema—, la medida continúa frenada por decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Frente a este escenario, los gremios universitarios dispusieron un paro de actividades por 24 horas que paralizó las facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). La medida coincide plenamente con la huelga decretada para el mismo día por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, paralizando también la actividad en las escuelas provinciales.
Columnas platenses en marcha y firme postura de la UNLP
Desde primeras horas de la mañana, la capital bonaerense se convirtió en uno de los epicentros de la concentración previa al traslado hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las columnas integradas por la Federación Universitaria de La Plata (FULP), la Asociación Docentes de la UNLP (Adulp) y la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (Atulp) comenzaron su marcha organizando la partida masiva de colectivos y trenes hacia el Congreso. La convocatoria contó con el explícito respaldo institucional de las autoridades de la casa de estudios.
A través de sus canales oficiales, la presidencia de la UNLP llamó a la comunidad a salir a las calles “para defender la educación pública, gratuita y de calidad”. En duros comunicados publicados en sus redes sociales, las autoridades expresaron el malestar del sector: “Estamos enojados. Estamos preparados. Y no vamos a quedarnos mirando cómo atacan la universidad pública”, enfatizando la urgencia de reajustar los haberes de trabajadores docentes y nodocentes para garantizar el funcionamiento operativo de los laboratorios y unidades académicas.
Reclamos presupuestarios y un amplio abanico de apoyos
Entre los puntos centrales del pliego de reivindicaciones presentados por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) se destaca una recomposición salarial urgente estimada en torno al 33%. Asimismo, los referentes académicos demandan partidas acordes en el proyecto del Presupuesto 2027 para garantizar las becas de estudio, la sostenibilidad de los proyectos de investigación científica y el financiamiento de los insumos básicos de la red universitaria federal.
El reclamo logró unificar una amplia coalición de actores políticos, sindicales y sociales que acompañan la marcha. Distintas vertientes del peronismo, la Izquierda, la Coalición Cívica, el radicalismo y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se movilizaron en conjunto. La marcha cobró un impulso adicional tras conocerse una reciente sanción judicial contra la Casa Rosada motivada precisamente por la falta de ejecución y los retrasos en las partidas destinadas al sistema universitario.
Conflicto docente en la Provincia y medidas de fuerza estatales
La tensión en el ámbito educativo no se limita de forma exclusiva al plano universitario nacional. La decisión del Frente de Unidad Docente Bonaerense de acoplarse con un paro de 24 horas paralizó las escuelas públicas de la provincia. Aunque la principal crítica apunta a la política presupuestaria del Gobierno federal, los maestros de la jurisdicción gobernada por la Provincia de Buenos Aires sumaron el reclamo local por una urgente convocatoria a paritarias salariales para frenar el deterioro de los sueldos en el sector primario y secundario.
En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante una huelga nacional de 24 horas que impacta en el funcionamiento de múltiples organismos públicos. La medida de ATE exige la derogación del megadecreto 70/23 y mejoras laborales. Ante esto, el Gobierno nacional advirtió que aplicará descuentos salariales por el día no trabajado a todos los agentes estatales que adhieran a la huelga, en el marco de una jornada signada por la conflictividad social.
