El Gobierno de Javier Milei rechazó autorizar un crédito internacional por USD 270 millones solicitado por la provincia de Buenos Aires para construir una nueva planta de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales en el Gran La Plata.
La decisión, que quedó plasmada en una presentación ante la Justicia Federal, profundizó el conflicto entre Nación y la administración de Axel Kicillof por el financiamiento de obras de infraestructura estratégicas.
La obra está destinada a resolver uno de los principales déficits sanitarios de La Plata, Berisso y Ensenada, una región que ya supera los 930 mil habitantes y cuya infraestructura cloacal quedó rezagada frente al crecimiento demográfico de los últimos años. El proyecto prevé una capacidad suficiente para atender la demanda de 1,3 millones de personas durante los próximos 50 años.
Según el Gobierno bonaerense, la negativa nacional impide acceder al financiamiento externo necesario para ejecutar una obra de gran escala, ya que por ley la Provincia requiere el aval del Estado nacional para tomar préstamos con organismos multilaterales.
La discusión por el crédito
En su respuesta judicial, Nación sostuvo que los cupos de endeudamiento internacional son limitados, que la obra corresponde a la órbita provincial y que Buenos Aires mantiene una cartera importante de préstamos aún sin ejecutar.
La administración bonaerense rechazó esos argumentos. Afirmó que administra una cartera vigente de USD 2.455 millones con un nivel de ejecución sostenido y explicó que los proyectos demorados obedecen a reformulaciones técnicas o a autorizaciones pendientes del propio Gobierno nacional, como ocurre con el financiamiento del Banco Europeo de Inversiones para la etapa V del río Salado y con un préstamo del Fondo Kuwaití para obras de agua en La Plata.
Además, desde el Ministerio de Infraestructura remarcan que financiar la planta exclusivamente con recursos propios tendría un fuerte impacto sobre las cuentas provinciales.
La inversión, estimada en unos $450.000 millones, equivale al 43% del presupuesto de capital del ministerio y al 70% de toda la inversión real directa prevista por la Provincia para 2026, lo que obligaría a postergar otras obras de agua, saneamiento, hidráulica, energía y vialidad.
Una obra atravesada por una causa ambiental
El proyecto también aparece como la salida para destrabar una causa por contaminación ambiental que tramita en el Juzgado Federal N° 4 de La Plata. El expediente investiga los vuelcos cloacales e industriales sobre el arroyo El Gato, el río Santiago y el Río de la Plata.
De acuerdo con la documentación presentada por la Provincia, peritajes realizados por la Universidad Nacional de La Plata calificaron la situación como de un “grado de contaminación aberrante”, mientras que en las audiencias judiciales el Gobierno bonaerense comprometió un plan de obras superior a los USD 270 millones para avanzar con el saneamiento integral de la región.
La negativa al crédito se suma a otros reclamos de la administración provincial por el acceso al financiamiento externo. Según la Provincia, desde diciembre de 2023 el Gobierno nacional autorizó 18 créditos internacionales para diez provincias, por unos USD 1.973 millones, mientras que Buenos Aires no recibió el aval para ninguno de sus proyectos.
El Ejecutivo de Kicillof enmarca esa decisión dentro de una política de “asfixia financiera”, junto con la caída de las transferencias nacionales, la reducción de la coparticipación y la paralización de obras públicas.
En ese contexto sostiene que la falta de autorización para acceder al crédito internacional pone en riesgo una de las principales obras de saneamiento previstas para el Gran La Plata y posterga una solución estructural para miles de vecinos de la región.
