La justicia de San Martín procesó y trabó embargo al fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello por el secuestro y torturas infligidas a tres militantes del Partido Comunista, en julio de 1981, durante la última dictadura militar, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Fabián Fernández Garello, quien durante la última dictadura militar se desempeñó como subinspector de la Delegación Regional de Inteligencia III, dependiente de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
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“Resuelvo decretar el procesamiento sin prisión preventiva de Fabián Uriel Fernández Garello por encontrarlo, en principio, partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público; e imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado dado que se trataba de perseguidos políticos, en tres (3) hechos”, expresa el fallo de la jueza federal Alicia Vence, del Juzgado en lo Criminal número 2 de San Martín.
También se dispuso el embargo sobre los bienes o dinero del fiscal por Fernández Garello hasta cubrir la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000).
Junto a Fernández Garello también se dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los ex policías Hugo Tresguerras, Daniel Ríos, Daniel Camaratta, Ricardo Coronel, Guillermo Ornstein y el ex militar Jorge Apa.
Según lo que dio por acreditado la magistrada, según surge de las pruebas acumuladas, una comisión conformada por personal policial y militar detuvo a Jorge Bulacios, Ernesto Duarte y José Rolando Seitor, militantes comunistas, en sus domicilios y los trasladó a la Brigada de Investigaciones III de Caseros, que funcionó como centro clandestino de detención (CCD) y donde permanecieron detenidos y fueron interrogados.
Fernández Garello reconoció haber participado en los procedimientos donde fueron detenidos los tres militantes, pero aclaró que su función era “labrar actas” y que no vio que se le propinaran golpes a los detenidos.
También contó que como agente de la DIPPBA se limitó a realizar tareas de seguimiento sobre ciudadanos chilenos en el marco del conflicto por el canal de Beagle.
La Comisión Provincial por la Memoria expresó hoy a través de un comunicado que “la decisión de la justicia de San Martín de procesar al actual fiscal general de Mar del Plata obliga a los distintos poderes del Estado a tomar medidas urgentes para impedir que continúe en su cargo”.
“Un procesado por crímenes de lesa humanidad no puede ser funcionario de la democracia. La valentía y el compromiso de avanzar con estas causas nos harán una sociedad más justa y democrática”, completó.
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