Dos policías bonaerenses y un exgendarme que cumplía una condena en una cárcel, fueron procesados con prisión preventiva como acusados de haber participado en dos secuestros extorsivos que tuvo como víctima a un mismo hombre de nacionalidad peruana, en el barrio porteño de Monserrat, al que amenazaron con armarle una causa por narcotráfico, informaron fuentes judiciales.
La medida fue dictada por la jueza Federal 5 María Eugenia Capuchetti y recayó sobre Mario Orlando Andino -exonerado de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA)-, y los oficiales de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Berazategui, Fabián Darío Rodríguez y Esteban Gastón Solís, por su intervención en dos secuestros extorsivos ocurridos en octubre de 2020 y en enero de 2021.
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De acuerdo a lo informado, Rodríguez fue procesado con prisión preventiva como autor de los delitos de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate, por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad (dos hechos) y, en uno de ellos, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para perpetrarlo.
También fue procesado como autor del robo agravado (dos hechos) por haber sido cometido por integrantes de una fuerza de seguridad.
Mientras que a Solís, la jueza Capuchetti lo procesó como autor del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate y por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad, y por robo agravado.
Andino, en tanto, fue procesado con prisión preventiva por los dos hechos de secuestro extorsivo, los dos robos y por el delito de extorsión en grado de tentativa.
A su vez, la magistrada les trabó un embargo de cinco millones de pesos a cada uno de los imputados.
Según lo denunciado por la víctima ante la Policía Federal Argentina (PFA), el 16 de octubre de 2020 llegaba a su vivienda de la calle Tacuarí al 400, en Monserrat, cuando fue abordado por hombres que llevaban gorras con la insignia de la GNA, que le colocaron dos pistolas en la cabeza y obligaron a ingresar.
Una vez dentro, se identificaron como miembros de la GNA y aseguraron tener una orden de allanamiento y detención firmada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en el marco de una causa por narcotráfico.
Luego de revisar la casa, los presuntos gendarmes le exigieron dinero al hombre, de nacionalidad peruana y le advirtieron que lo llevarían detenido, tras lo cual lo esposaron, lo retiraron de su propiedad y lo obligaron a comunicarse con su sobrina, a quien le pidieron 800.000 pesos como rescate.
Finalmente, la sobrina de la víctima se dirigió a la esquina de las calles Zelaya y Doctor Tomás Manuel de Anchorena, en el barrio de Balvanera, donde le entregó medio millón de pesos a uno de los captores, que además le sustrajo otras pertenencias.
Unos meses después, el 15 de enero de 2021, la víctima sufrió el mismo hecho, pero en esa ocasión fue llevado esposado a una dependencia policial del partido de Berazategui, desde donde se contactaron telefónicamente con familiares a quienes le exigieron el pago de un rescate.
Los voceros confirmaron que la familia tuvo que entregar 4.000 dólares y que el pago se hizo cerca de la iglesia de Nueva Pompeya, tras lo cual el hombre fue liberado.
La investigación fue llevada adelante por el fiscal federal Eduardo Taiano, con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese).
En ese marco, los detectives del Departamento Antisecuestros de la PFA, mediante el análisis de las comunicaciones y de las imágenes registradas por distintas cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad, lograron situar a Rodríguez y Solís en cercanías de la vivienda de la víctima y en el lugar del cobro del rescate.
Finalmente, ambos fueron detenidos en la madrugada del pasado 8 de noviembre durante un allanamiento realizado en la sede de la UPPL de Berazategui.
Asimismo, los pesquisas establecieron que una de las líneas telefónicas utilizadas en el primer secuestro pertenecía al gendarme exonerado Andino, quien cumplía una condena en la cárcel de Devoto por integrar una asociación ilícita conformada por otros tres agentes de la fuerza, dedicada a cometer robos en locales comerciales de Pompeya.
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