La pulseada entre Mercado Libre y la plataforma china Temu dejó de ser solo un cruce comercial y regulatorio para transformarse en un caso de alto impacto institucional que ahora quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal deberá resolver qué fuero es competente para intervenir en una causa que combina comercio electrónico, presunta publicidad engañosa, competencia desleal y el rol del Estado como regulador de un mercado cada vez más tensionado por la apertura de importaciones.
El conflicto se originó a partir de una denuncia presentada por la empresa fundada por Marcos Galperín contra Temu ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo. Según la presentación de Mercado Libre, la app asiática habría desembarcado en el mercado argentino en marzo del año pasado con una estrategia comercial agresiva, basada en precios por debajo de los valores habituales, promesas de descuentos extremo, incluso del 100%, y supuestos regalos que, en la práctica, solo podían obtenerse bajo condiciones poco claras o de difícil cumplimiento para los usuarios.
A raíz de esa denuncia, el Gobierno avanzó con una sanción administrativa y ordenó el cese inmediato de la publicidad de Temu en redes sociales. La medida fue adoptada por el área de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, a cargo de Hernán López Toledo, que tomó intervención formal en el expediente. Tras una serie de notificaciones que la empresa china cuestionó por supuestos defectos de forma, Temu presentó su descargo el 10 de septiembre de 2025.
Del mercado a la Justicia
En esa instancia, la plataforma negó las acusaciones y respondió con una embestida directa contra Mercado Libre. Sostuvo que el unicornio argentino posee una posición dominante en el mercado local y que la denuncia no tenía como objetivo proteger a los consumidores, sino bloquear el ingreso de un competidor capaz de ofrecer precios más bajos. Pese a ese planteo, el 19 de noviembre de 2025 el organismo oficial imputó formalmente a Temu por presuntas infracciones a la ley de lealtad comercial.
En la resolución, la Dirección consideró que existían indicios suficientes de que las promociones de productos gratuitos y las ruletas de descuentos utilizadas por la plataforma podían inducir a confusión o engaño a los usuarios. En consecuencia, dispuso una medida preventiva que obligó a Temu a cesar de inmediato toda publicidad que ofreciera “bienes gratuitos, descuentos y/o reembolsos” cuya efectivización estuviera condicionada a nuevas compras o a mecanismos dilatorios, según surge del texto oficial.
La reacción de la empresa china fue inmediata. Temu apeló la decisión administrativa y denunció que la sanción había sido dictada por un funcionario incompetente, además de sostener que se vulneró su derecho de defensa al tratarse, según su planteo, de una sanción anticipada sin que se hubiera abierto formalmente un sumario ni producido la prueba ofrecida.
Lejos de desescalar, el conflicto se profundizó. En enero de este año, la Dirección dio por cerrado el período probatorio y convocó a las partes a presentar alegatos finales, sin resolver previamente la apelación interpuesta por Temu en noviembre. Frente a lo que consideró una decisión arbitraria que la dejaba en estado de indefensión, la plataforma acudió a la Justicia y solicitó una medida cautelar urgente para frenar el proceso administrativo hasta que se revisara la legalidad de las actuaciones del Ministerio de Economía.
Fue allí cuando se desató el conflicto de competencia judicial que ahora llegó a la Corte Suprema. El expediente recayó inicialmente en el fuero Civil y Comercial Federal, pero la Sala de Feria de esa Cámara se declaró incompetente al entender que, por tratarse de una cautelar contra un acto administrativo, el caso debía tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, al recibir la causa, los magistrados de ese segundo fuero rechazaron la competencia y devolvieron el expediente, al sostener que la legislación vigente asigna expresamente a la Justicia Civil y Comercial Federal las causas vinculadas a la lealtad comercial y la defensa de la competencia.
Así, la causa quedó atrapada en un conflicto negativo de competencia entre dos cámaras de igual jerarquía, ninguna dispuesta a intervenir. Ante ese escenario, el expediente fue elevado a la Corte Suprema, que ahora deberá definir qué juez será el encargado de resolver si las medidas impuestas por el Gobierno contra Temu se ajustan a derecho.
Apertura, competencia y una paradoja incómoda
El trasfondo del caso excede largamente el expediente judicial. La denuncia de Mercado Libre se produce en un contexto de crecimiento explosivo de las compras de argentinos en plataformas asiáticas como Temu y Shein, impulsado por la liberalización de importaciones y el esquema de envíos puerta a puerta. Ese fenómeno, prácticamente sin regulación específica, tuvo un fuerte impacto en sectores sensibles como la industria textil nacional, que viene advirtiendo sobre competencia desleal y pérdida de empleo.
Sin embargo, la ofensiva del gigante fundado por Galperín también deja al descubierto una tensión difícil de soslayar. Mercado Libre ha sido uno de los aliados más visibles del gobierno de Javier Milei, defensor de la apertura comercial y de la libre competencia como motor del mercado. En ese marco, el reclamo contra Temu expone una paradoja: mientras el oficialismo promueve reglas de juego más laxas para el comercio internacional, uno de sus principales socios empresariales reclama la intervención del Estado para frenar prácticas que considera distorsivas.
