La historia de Daniel se parece a la de muchas otras personas estafadas por las automotices y sus planes de ahorro, pero también reúne algunas características que la hacen excepcional por el accionar de la Justicia.
Es como la de muchos que padecen incumplimientos contractuales de las automotrices, el Estado no puede o no quiere controlar y la Justicia tampoco sancionar.
La historia es excepcional porque Daniel logró que la Justicia le dé la razón; aunque la sentencia es un premio para las empresas y el comportamiento del juzgado que intervino una vergüenza para la Justicia como poder y para el derecho como disciplina.
La causa hoy ya va a tercer grado, tiene ocho años de trámite en el juzgado Civil y Comercial Nº 23 de La Plata que subroga el juez Víctor Gastón Salvá. En 2023 luego de casi una década el magistrado le dio la razón al denunciante. Aunque la sanción no obligó a la empresa a devolver ni siquiera el 15% de lo perdido tras sus incumplimientos. Eso quedó comprobado en el extenso expediente judicial que involucra tres causas distintas con el mismo telón de fondo. Los incumplimientos de la automotriz Renault, Plan Rombo y la local Motorplat.
La Justicia, garante de la rentabilidad de las empresas
Hay una pincelada más que hace excepcional la historia. Daniel lucha contra una enfermedad rara que le provoca riesgo de vida permanente. Se ve obligado a tratamientos continuos, internaciones y vaivenes. La abogada (Guillermina Gulo Tieri) y el abogado defensor (Alejandro Pérez Hazaña) le avisaron al juez en el expediente. A pesar de ello Salvá lleva casi un año sin transferir los fondos de la sentencia que las empresas depositaron en una cuenta de su juzgado. Demasiadas subrogancias, desidia o insensibilidad.
Condena 1
Las tres empresas recibieron una primera condena en otro juzgado el 21 de septiembre de 2018. El ex juez de faltas Dante Rusconi las sentenció porque luego de una presentación del denunciante en 2015 comprobó que las compañías no habían brindado información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos. Además, habían incumplido con “los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias”, establecidos en el plan de ahorro. Es decir, los artículos 4 y 9 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
Según el fallo de Rusconi la empresa concesionaria Motorplat debía abonar en ese entonces 200 mil pesos. Plan Rombo 300 mil pesos. Y Renault 500 mil pesos.
La jueza María Ventura Martínez a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata admitió una acción anulatoria que presentaron las tres compañías y les dio diez días para que demuestren por qué la multa les ocasionaría un perjuicio irreparable. No pagaron ni explicaron nada. Era una simple y habitual maniobra para incumplir con una sanción. Primera condena evadida. Bronca y resignación.
Condena 2
El juez Salvá en una causa Civil sentenció que las tres compañías eran responsables de las acusaciones del denunciante. Las obligó a ahorrarse el 85 por ciento del perjuicio económico que le ocasionaron.
Ello se desprende del propio expediente judicial (LP – 18926 – 2016). El magistrado retiene los fondos que obligó depositar a las empresas en pago de la sentencia en una cuenta judicial con plazo fijo desde hace casi un año. La devaluación y la inflación de los últimos seis meses redujeron a menos de la mitad lo que representaban esos fondos.
Inflación y devaluación
Sin embargo, en su sentencia Salvá no tuvo en cuenta la inflación entre 2015, cuando se produjeron los incumplimientos de las automotrices; y el 2023, momento en el que redactó su fallo.
Según el índice de precios al consumidor del INDEC hubo una inflación acumulada de 2300% entre julio de 2015 y junio de 2023. Pero el juez ordenó aplicar la tasa pasiva del banco Provincia de Buenos Aires para los plazos fijos digitales a treinta días que representa el 286%, para el mismo período. Una sentencia con más del 2000% en contra del perjudicado por las empresas.
Tras dictar la sentencia definitiva en 2023 el juez decidió no depositar el dinero en la cuenta del damnificado. Lo mantuvo en un plazo fijo hasta que en febrero de 2024 ordenó depositar el monto en una cuenta de su juzgado. Desde entonces no transfirió nada a la cuenta del denunciante.
Subrogancias
El juez Victor Salvá concursó como magistrado en 2018 a sus cuarenta y cinco años. El decreto que lo designa como juez de primera instancia en lo Civil y Comercial en el departamento judicial de Quilmes lleva las firmas de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y sus ministros de Justicia (Gustavo Ferrari) y Jefatura de Gabinete (Federico Salvai).
Al mismo tiempo que Salvá es titular del juzgado Civil y Comercial 12 de Quilmes subroga otros dos tribunales: el Civil y Comercial 8 de La Plata, según la resolución 996/21 de la Suprema Corte bonaerense firmada por los jueces Sergio Torres, Hilda Kogan y Luis Genoud.
También ejerce la titularidad del juzgado Civil y Comercial 23 de La Plata, tribunal que estaba a cargo del ex juez Héctor Arca, quien llevó la denuncia por el plan de ahorro desde 2016 y solicitó su jubilación el 30 de septiembre de 2021.
