El caso que sacudió a Río de Janeiro y generó repudio internacional sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. La Justicia brasileña ordenó la colocación de una tobillera electrónica a la abogada argentina Agostina Páez, acusada de protagonizar un violento episodio de discriminación racial contra empleados de un bar en la zona de Ipanema.
La medida fue dispuesta como parte del proceso judicial en curso y debía concretarse en un plazo máximo de cinco días. Según informaron medios locales, la mujer se presentó por sus propios medios en el Centro de Monitoreo de Río de Janeiro, donde se le instaló el dispositivo que permitirá controlar sus movimientos mientras continúa la investigación.
Páez, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero, permanece imputada por el delito de injuria racial, una figura penal severamente castigada en Brasil. La denuncia fue radicada por uno de los trabajadores del bar, quien aseguró haber sido víctima de insultos y gestos ofensivos durante una discusión originada al momento de pagar la cuenta.
“Estoy recibiendo amenazas y tengo mucho miedo”: habló la abogada argentina retenida en Brasil
El episodio ocurrió el pasado 14 de enero y fue registrado en video por testigos. Las imágenes, en las que se observa a la abogada realizando gestos comparativos con un mono, se viralizaron en cuestión de horas y desataron una fuerte reacción social y mediática que aceleró la intervención judicial.
En medio del escándalo, la acusada denunció haber recibido amenazas de muerte y aseguró temer por su integridad física. Incluso abandonó el departamento donde se hospedaba tras afirmar que dos hombres ingresaron simulando ser policías, hecho que también quedó bajo investigación de la Policía Civil brasileña.
La defensa de Páez sostuvo que la reacción fue inapropiada, pero alegó que se produjo luego de una supuesta provocación por parte del personal del bar. Además, el abogado Santiago Robles anticipó la presentación de un habeas corpus con el objetivo de que la joven pueda regresar a la Argentina, al considerar que se encuentra “prácticamente detenida en un contexto confuso”.
La causa es tramitada por el juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, mientras que la investigación policial está a cargo de la Comisaría 11, que ya se encuentra en la etapa final del expediente.
En los próximos días se tomarán nuevas declaraciones clave y el caso podría ser elevado al Ministerio Público, en un proceso que mantiene en vilo tanto a la comunidad argentina como a la brasileña.
