El interbloque del Frente de Todos en el Senado de la Nación salió al cruce de la Corte Suprema de Justicia, que este martes resolvió excluir del Consejo de la Magistratura al oficialista Martín Doñate y poner en su lugar al opositor Luis Juez.
“El de hoy fue un nuevo fallo político de la Corte Suprema de Justicia que representa un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo”, aseguró el Frente de Todos en un comunicado que lleva la firma de sus dos bloques: el Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana.
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Y añadieron: “Se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura.”
Para el cuerpo legislativo que comanda la vicepresidenta Cristina Kirchner, la resolución de la Corte Suprema, que fue firmada por tres de sus cuatro miembros, “es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado”.
Además, sostuvieron que “el juez Rosatti no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura”, en tanto que Horacio Rosatti fue uno de los tres jueces que firmó el fallo, junto con Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
De esta forma, el Frente de Todos convocó a una conferencia de prensa que desarrollará mañana a las 12hs en el Salón de las Provincias del Senado nacional.
¿Qué resolvió la Corte Suprema?
En un controvertido fallo, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda declararon que “la partición del Bloque Frente de Todos resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura”. De ese modo, indicó que la jugada de Cristina Kirchner de partir el bloque y conservar un consejero debe hacerse para atrás.
Cabe recordar que la composición del Consejo de la Magistratura, el órgano constitucional que decide sobre el accionar de los jueces, fue puesta en cuestión a partir de que en diciembre del año pasado la misma Corte Suprema de Justicia decidiera rechazar la reforma del organismo llevada a cabo en 2006 y dar un plazo de 120 días para que el Consejo se conforme según los criterios de la ley precedente, del año 1997.
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