La designación de Gabriel León como subsecretario de Gestión y Control de Obras Públicas de Olavarría generó un fuerte debate este jueves en el Concejo Deliberante. Durante la reunión, concejales de la oposición cuestionaron a la gestión del intendente camporista Maximiliano Wesner por nombrar en un cargo público a un empresario que se desempeñaba como contratista del Municipio.
El debate se produjo durante la 10° Sesión Ordinaria del HCD, a partir de un pedido de informes impulsado por bloques opositores para conocer detalles de la designación del funcionario, quien se encuentra relacionado con la empresa Obras Civiles Lecon SRL, firma inscripta como proveedora municipal desde 2013.
Según los datos expuestos durante la sesión, la firma habría facturado más de $1.100 millones al Municipio durante la actual gestión. Uno de los puntos que quedó bajo discusión fue si el empresario dejó o no de figurar como proveedor municipal cuando asumió en el gobierno municipal.
Mientras el oficialismo asegura que León fue dado de baja ni bien llegó al cargo y no existe una incompatibilidad legal, concejales opositores advirtieron que aún no pudieron verificar esa situación por no contar con acceso al RAFAM. El pedido de informes fue aprobado por unanimidad.
“De transparente esto no tiene nada”
El concejal de la UCR Francisco González fue uno de los principales críticos de la designación.
“Nos invade la preocupación y nos llama también la atención la designación de un proveedor municipal que desde que asumió la gestión actual ha cobrado más de 1.000 millones de pesos por parte del Municipio de Olavarría”, sostuvo.
González recordó que León fue designado el 4 de agosto como subsecretario de Gestión y Control de Obras Públicas y puso el foco precisamente en las funciones que tendrá dentro del Ejecutivo.
“Lo que más llama la atención es que hay dos decretos firmados por Maximiliano Wesner, Mercedes Landívar, Eugenia Bezzoni y Orfel Fariña diciendo que correspondía otorgarle mayor cantidad de fondos a quien hoy designan como funcionario”, señaló.
El edil radical fue contundente al cuestionar la situación: “Perdónenme, pero de transparente esto no tiene nada”.
Además, vinculó el caso con anteriores cuestionamientos del oficialismo a concejales que mantenían vínculos comerciales con el Municipio y sostuvo que hubo una “indignación selectiva”.
González planteó, sin embargo, una salvedad respecto de la situación actual de Lecon SRL: “Si efectivamente Lecon SRL ya no es más proveedor municipal, está bien y es lo que corresponde” dijo.
“Esperamos que el Municipio demuestre transparencia en sus designaciones, porque finalmente quien va a estar controlando la obra pública del Municipio de Olavarría es quien hasta hace muy poquito ejecutaba muchas de ellas”, cerró.
Las dudas opositoras quedaron planteadas
El concejal de Juntos, Hilario Galli, también cuestionó el nombramiento y consideró que el pedido de informes podría no alcanzar para responder todos los interrogantes que abrió la designación.
“Va a terminar quedando un poco corto”, sostuvo, y agregó que existen cuestiones que “difícilmente puedan ser explicadas”.
Galli puso el foco en el cambio de rol de León: “O estamos ante un acto completamente patriótico y hay que sacarse el sombrero. Una persona que factura 1.000 millones de pesos para ganar 3, la verdad, o quiere mucho al Estado o ve como proveedor grandes problemas de la Secretaría y se pone a disposición para intentar solucionarlos o realmente no se entiende cuál es la explicación” dijo.
El concejal aseguró además que Lecon es una empresa que lleva muchos años como proveedora municipal y afirmó que durante siete años no había ganado una sola licitación, pese a presentarse, porque sus precios estaban por encima de los de otras firmas.
También planteó dudas sobre el funcionamiento previo del área de Obras Públicas y mencionó trascendidos de empleados municipales que, según dijo, señalaban que León ya dirigía, daba órdenes y controlaba empresas antes de su designación formal.
Galli aclaró que se trata de trascendidos, pero interpretó que el nombramiento podría significar “poner en blanco esto que estaba en gris”.
Sin nombrarlo, el exfuncionario municipal también vinculó la discusión con el antecedente del exconcejal Javier Frías, quien había sido duramente cuestionado por figurar como proveedor del Municipio.
En ese sentido, recordó las críticas que recibió aquella situación y sostuvo que muchas de las explicaciones y disculpas que entonces se dieron “de manera privada” deberían hacerse ahora públicamente. “Fue un caso fortuito, doloso y se dijo cualquier cosa”, planteó, al comparar con el caso León.
Desde La Libertad Avanza, el concejal Guillermo Lascano también puso en duda el cambio de actividad.
“Me causa duda cómo una persona que tiene una empresa que factura 1.100 millones de pesos le es más ventajoso irse a trabajar de subsecretario que continuar con su actividad privada”, planteó.
Además, mencionó una obra en el camino a 16 de Julio que, según afirmó, fue adjudicada a la empresa de León y finalmente terminó siendo ejecutada por otra firma.
“Es como poner al lobo a cuidar la gallina”, graficó.
El oficialismo defendió a León
El oficialismo de Fuerza Patria acompañó el pedido de informes para que el Ejecutivo pueda brindar respuestas formales sobre los puntos cuestionados, pero rechazó que exista una irregularidad en la designación.
El concejal Federico Aguilera sostuvo que el pedido permitirá aportar “información real, tangible y factible” sobre las cuestiones que la oposición puso en duda.
“Hay cuestiones que son sencillas de poder explicar, pero mejor si lo hacemos por escrito en un papel”, afirmó.
Al mismo tiempo, defendió la situación de León y aseguró que “dejó de ser proveedor antes y automáticamente una vez que fue designado como funcionario”.
“No hay ningún tipo de ilegalidad”, sostuvo Aguilera.
El concejal oficialista también respondió a los cuestionamientos por las redeterminaciones de precios vinculadas a las obras realizadas por Lecon. Explicó que se trata de una práctica legal que se aplica cuando los plazos de una obra se extienden, entre otras razones, por el impacto de la inflación.
“Es una práctica legal que no sucede solo con esta empresa sino con todas las empresas y todas las gestiones”, afirmó.
Así, el debate dejó planteadas dos posiciones contrapuestas. Mientras la oposición cuestionó el salto de un empresario que tuvo contratos millonarios con el Municipio hacia un cargo desde el cual tendrá responsabilidades sobre la gestión y el control de la obra pública, el oficialismo aseguró que la situación de León y de su empresa se ajusta a la legalidad.
El pedido de informes deberá ahora aportar la documentación que permita despejar una de las principales dudas planteadas en el recinto: cuándo y cómo se produjo la eventual baja de Lecon del registro de proveedores y cuál fue el vínculo de la empresa con el Municipio antes de la designación de León.
