La discusión de la Rendición de Cuentas 2021 en el HCD de Olavarría tomó un giro inesperado y terminó en un escándalo. El Frente de Todos realizó una grave denuncia por corrupción contra uno de los concejales de Juntos que responde al intendente Ezequiel Galli.
En la antesala a la presentación del ejercicio financiero prevista por el bloque oficialista, pidió la palabra el concejal del Frente de Todos, Juan Sánchez. “Nos toca una lamentable tarea pero no la podemos obviar porque se trata de un grave hecho de corrupción” sostuvo.
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Seguidamente, dio paso a describir la acusación dirigida al concejal oficialista, Javier Frías, referente barrial y reconocido dirigente de la Liga de Fútbol de Olavarría. En base a datos obtenidos por el RAFAM, indicó que el edil de Juntos forma parte de una sociedad que actúa como proveedora de panificados al Municipio y que lleva facturado más de 1 millón de pesos a la comuna en lo que va del año (licitaciones o contratos otorgados por la secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de vida que preside Diego Robbiani)
“Está ocupando una banca y cobrando su sueldo en clara y flagrante inhabilidad” sostuvo Juan Sánchez y se amparó en jurisprudencia y varios artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Luego dio a conocer un fallo que lo ubica al concejal aludido como uno de los herederos de la firma comercial que actúa como proveedora del Municipio – razón social ‘Sucesión de Frías Servando Alberto’- desde agosto de 2021 (asumió en diciembre de ese año en el HCD).
“No se admitirán como miembros de la Municipalidad los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en el que la Municipalidad sea parte. Pudimos corroborar que lo hicieron a lo largo del año y continúan como proveedor y que en la rendición en curso tienen compras realizadas” explicó el ex Delegado del Ministerio de Trabajo local.
Más tarde, citó un fallo de la jueza María Ana Eseverri en una sentencia del 14/7/21 que “declara heredero al señor Javier Frías en conjunto con sus dos hermanas y su madre” y remarcó que “a pesar que se nombra como administradora a una hermana, vemos que su patrimonio- el del concejal- es indivisible de su participación en la sucesión. El beneficio del giro comercial de la Pyme familiar redunda directamente en el incremento de su patrimonio” afirmó.
Además mostró una boleta de enero de 2022 donde se hace una cotización para proveer de pan a personas con necesidades básicas insatisfechas y “la firma que lleva es exactamente igual a la firma de Javier Frías” lanzó.
“Me duele mucho esta situación que tengo que estar pasando”
El concejal de Juntos aludido, Javier Frías, hizo su propio descargo ante los hechos denunciados.
“Veo que me han involucrado. La firma con la panadería ‘La Dulzura’ lleva 17 años de trayectoria y fue fundada por mi padre. Debe hacer alrededor de 15 años que es proveedora del municipio. Esto se discute por la muerte de mi padre y la firma es sucesores que el 50% es de mi madre, se divide en sus tres hijos y yo soy una de las partes. La responsable es mi hermana María Cecilia y lleva adelante la panadería” explicó.
Luego se mostró acongojado “por esta situación que tengo que estar pasando” y se refirió a la pérdida de su padre producto del Covid-19. “Le agarró Covid y todavía andábamos dando vueltas con la vacuna mientras tanto los señores se vacunaban”(en alusión al vacunatorio Vip).
Finalmente pidió la abstención a la hora de tratar el tema, una estrategia parlamentaria diseñada por Juntos para capear el temporal que se avecinaba.
Cruces y los artilugios de Juntos para pasar a la votación
Tras los dichos del concejal Javier Frías, retomó la palabra el edil opositor Juan Sánchez.
“Lo que acaba de decir el concejal Frías es un resumen exacto de lo que hemos denunciado. Nos acaba de dar la razón en cada uno de los puntos. Efectivamente dijimos que la firma comercial” por lo cual “ratificamos el pedido de inhabilitación”.
“Acaba de aceptar la inhabilidad y mientras se aclare esta situación debería no formar parte de esta sesión” agregó la concejala de “Avanza Libertad” Celeste Arouxet.
Fue la concejala de la UCR, Belén Vergel, quien salió al rescate del edil del PRO al considerar que el retiro del recinto “debe ser previamente determinado, previo análisis de la inhabilidad. Sería conveniente que se abstenga y se hagan todas las consultas al Tribunal de Cuentas a través de la Presidencia. Me parece inapropiado venir a presentarlo ahora y no en las preparatorias”.
“El que debe dar aviso es el mismo concejal” retrucó el Frente de Todos y citó un antecedente del Tribunal de Cuentas del año 2019 a partir de la consulta realizada por un concejal que se encontraba en una “situación idéntica” a la de Javier Frías.
Además agregó, que el bloque del Frente de Todos tomó conocimiento “ahora” en referencia al estudio de la Rendición de Cuentas 2021.
“Es en la sesión de la rendición de cuentas donde se estudian y evalúan licitaciones y contrataciones directas. Es un claro acto por corrupción y un mal uso por parte de un funcionario de los derechos que se le confían, de las oportunidades” agregó la titular del interbloque del Frente de Todos, Mercedes Landivar.
En su alocución, cargó contra una de las banderas de la gestión de Ezequiel Galli: su discurso sobre la transparencia en la gestión pública.
“Hay un acto de impunidad porque se piensa que las acciones que uno realiza no tienen consecuencias. Esto está amparado por el Ejecutivo porque conocen la normativa. Apelo a la conciencia moral de la que tanto nos hablan” chicaneó.
Finalmente, con los votos positivos de Cambiemos y de la UCR avalaron el pedido de abstención le permitieron quedarse en el recinto al concejal acusado ( se rechazó la moción de cesantía).
Restará, de ahora en más, la respuesta del Tribunal de Cuentas ante la observación realizada por el Frente de Todos.
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