Un grupo de diputados del Frente de Todos, ecabezado por José Luis Gioja, presentó este viernes un proyecto para modificar la controvertida Ley de Alquileres, el cual contempla menores requisitos para los inquilinos monotributistas, beneficios para locadores y topes de aumento de los contratos.
“Pretendemos fortalecer y transparentar el mercado inmobiliario y sentar las bases para que, desde el Estado Nacional y los estados provinciales se delineen políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler”, señaló Gioja sobre la iniciativa que busca reformar la ley impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en 2019 y sancionada en 2020, y que generó el repudio de inquilinos y de propietarios.
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De acuerdo al nuevo proyecto, el precio del alquiler de un inmueble para vivienda podrá tener una suba tope del 20% adicional al planificado en el ajuste anual, y solo de un 10% en el caso de la renovación de los contratos.
En el caso de monotributistas, aquellos propietarios que busquen tener un seguro de caución, deberán aceptar seguros inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. De modo que los inquilinos monotributistas solo deberán presentar constancia de inscripción al monotributo y comprobantes de pago de los últimos seis meses, y no podrán cobrarles más que a los empleados en relación de dependencia.
Respecto de los propietarios, el proyecto establece que las sumas que los locadores facturen en concepto de alquileres podrán deducirse de los ingresos brutos anuales del régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
A la vez que los bienes inmuebles locados y registrados estarán exentos del impuesto sobre los bienes personales por cada año y periodo fiscal en el que estuvieran registrados los respectivos contratos. Este régimen de beneficios regirá por los próximos 15 periodos fiscales anuales, a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Además, el proyecto contempla la necesidad de elaborar otro proyecto de ley para gravar a las viviendas ociosas, a fin de incentivar su alquiler; y le solicita al Consejo Nacional de la Vivienda que arbitre los mecanismos para diseñarun plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinados a la gestión pública de alquileres sociales.
El ex gobernador de San Juan expresó de ese modo que el proyecto tiene dos objetivos: “mejorar el acceso a la vivienda” y “mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos”. La iniciativa cuenta con el aval de los diputados Eduardo Valdés, Sergio Casas, Rosana Bertone, Jorge Antonio Romero, Carlos Américo Selva, Lía Verónica Caliva, Susana Graciela Landriscini, Dante Edgardo López Rodríguez, Nilda Moyano, Nancy Aracely Sand Giorasi, Juan Carlos Alderete, Estela Hernández, Juan Manuel Pedrini y Alicia Noemí Aparicio.
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