El aumento en los combustibles constituye un duro impacto en la actividad agropecuaria, situación que no registró cambios desde la desregulación de los combustibles implementada por el gobierno nacional desde octubre de 2017.
De acuerdo a un informe elaborado por la Confederación de Rurales Argentinas (CRA), la última suba del gasoil se ubicó en el 3%. Este porcentaje representa para la cadena agropecuaria y la industria vinculada al sector un desembolso extra de 1.500 millones de pesos.
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Desde la entidad estimaron que nuestro país ocupa el cuarto puesto de un listado de 35 países de la región en precios de combustible. La situación de mercado desregulado para el combustible lleva poco tiempo de implementación en Argentina, y los factores de mayor incidencia para la suba de los combustibles son tres: el precio internacional del barril de crudo, la cotización local del dólar y el precio del bioetanol.
Pero más allá de este listado, los ruralistas estimaron que uno de los factores de peso en los aumentos es el componente impositivo. En este punto, advirtieron que del total abonado en una factura de gasoil, el 64% es carga impositiva, que corresponden a conceptos no gravados, IVA e Ingresos Brutos. “De los 1.500 millones de pesos del impacto, 960 millones son impuestos”, aclararon.
“Como productores esperamos ver los frutos de esta política de desregulación, y que se manifieste en una baja de costos a futuro, lo cual entendemos fue el espíritu de esta medida”, agregaron desde la entidad.
Por su parte, desde Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), sostuvieron en su último informe mensual que el costo del transporte registró un aumento del 8,6% en el primer trimestre de 2018. Los principales rubros que impulsaron esta suba fueron seguros, peajes y personal.
En el caso de los peajes, destacaron que aumentaron un 22% en los últimos meses, mientras que los combustibles acumulan una suba del 24% desde octubre del año pasado. En este escenario, destacaron que el sostenido aumento de los costos para transportar mercadería en el país redobla la presión sobre el sector y tiene el agravante de sumar una carga impositiva del orden del 40% que afecta la competitividad y el crecimiento de las empresas.
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