Axel Kicillof enfrenta, hace semanas, un vendaval de críticas por el aumento del impuesto inmobiliario rural. Hasta un diputado nacional llamó a hacer una rebelión fiscal y algunas asociaciones de productores agropecuarios se subieron a ese tren. Sin embargo, los datos oficiales muestran que la provincia de Buenos Aires es una de las de menor presión impositiva para el campo.
El dato surge del informe sobre la participación del Estado en la renta agrícola elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Los números actualizados a marzo muestran que, en promedio, los impuestos alcanzan al 65 por ciento de la renta agrícola para los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Esto significa que de cada 100 pesos de renta que genera una hectárea de esos cultivos, $65 van a tributos nacionales, provinciales o municipales.
Sin embargo, la situación de las provincias es muy distinta. Por ejemplo, la participación del Estado de Córdoba en la renta agrícola es del 64,9% y en Entre Ríos, la primera del ranking, es del 65,4%. Mientras tanto, en Buenos Aires el porcentaje baja a 61,9 por ciento y si se mira el mismo estudio del año pasado se ve que la presión tributaria cayó en tierras bonaerenses (era del 69,1%).
El campo y una rebelión fiscal sin sustento
Llamativamente, la rebelión fiscal que promovió José Luis Espert y apoyó Javier Milei solo llamó a no pagar impuestos en la jurisdicción que gobierna Kicillof. El mandatario provincial, por su parte, se encargó de señalar que “no hubo impuestazo”. De hecho, según el informe del FADA, en la mayor parte de las provincias y de los municipios los impuestos tuvieron aumentos de entre el 180 y el 200 por ciento, como pasó en Buenos Aires.
Otro dato revelador del análisis es que la gran mayoría de los impuestos que afectan la renta agrícola son nacionales. En concreto, el 67,2 por ciento de esa presión impositiva se explica por impuestos nacionales no coparticipables, es decir que no vuelven a las provincias. El 26,8% son tributos federales coparticipables y apenas el 5,3% corresponde a tributos provinciales.
“La mayor parte de lo recaudado no se reparte a las provincias, en una actividad que por definición es federal y está arraigada a las distintas regiones del país”, advirtió Natalia Ariño, la economista de la fundación.
Vale recordar que los impuestos bonaerenses que generaron el enojo de los productores agropecuarios fueron aprobados por la Legislatura a fines de 2023. Para llegar a la mayoría parlamentaria hubo legisladores del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y también libertarios que la apoyaron.
