El salvaje ajuste que Javier Milei, Federico Sturzenegger y Toto Caputo buscan imprimirle al Estado Argentino encuentra al gobernador de la Provincia de Buenos Aires en una posición extremadamente delicada. Axel Kicillof no sólo representa un ideario diametralmente opuesto al que expresa el Presidente sino porque depende de recursos nacionales para transformarlo en gestión.
Hasta ahora, Kicillof no dio muestras de replantearse las promesas que hizo en campaña y que le permitieron ser reelecto. Más Estado y más derechos, pero con menos recursos, es la bandera del segundo tiempo del Gobernador. Esta semana se llevó a cabo una reunión de emergencia para evaluar cómo hacer para concretar esas promesas, jaqueadas por un DNU.
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Participaron ministros, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, todos del oficialismo. Estuvieron Sergio Massa y Máximo Kirchner. Los comentarios que surgieron del cónclave fueron en clave pesimista. “Estamos en el séptimo círculo del infierno”, planteó un intendente. “En la reunión todo bien, pero todo mal”, se sinceró otro, sin abundar demasiado.
Preocupan las dificultades que se perciben en el corto plazo para pagar sueldos y aguinaldos, la sostenibilidad de los servicios y la imposibilidad para afrontar obras de infraestructura. Pero hay más motivos para preocuparse.
El guadañazo que Javier Milei le va a pegar al Estado, a las PYMEs y a los bolsillos de quienes se autoperciben como clase media trabajadora. Millones de familias van a perder los subsidios al transporte y a la energía, verán restringido su acceso a la salud y a los medicamentos -que tendrán precios desregulados-, y posiblemente ya no puedan pagar la educación privada de sus hijos.
¿A dónde va a ir a parar esa marea de gente? A los hospitales públicos y a las escuelas públicas. La gestión de Axel Kicillof invirtió -y mucho- allí. Inauguró más de 200 edificios escolares nuevos, reparó otros 6 mil. El camino es largo: todavía falta mucho. ¿Alcanzará a contener una explosión de la matrícula?
Salvo en el Conurbano, los subsidios al transporte y a la energía salen de las cuentas bonaerenses. Las escuelas son provinciales y en algunos casos municipales, al igual que los hospitales. La seguridad, salvo en casos excepcionales, depende de la Provincia de Buenos Aires.
El Estado va a tener que absorber necesariamente esa nueva – vieja demanda. Más precisamente el Estado de la Provincia de Buenos Aires. Alguien lo susurró en el oído del Gobernador durante el encuentro celebrado en La Plata. “Agarrate”, le adelantó esa voz amiga.
Toda esa estructura se tendrá que sostener con los ingresos propios de la Provincia, la injusta -y menguada- coparticipación que envíe la Nación y ya no con aportes extraordinarios del tesoro.
Si lo que envía Milei es un diluvio capaz de arrasar con todos, la Provincia es el arca donde muchos buscará refugio. El dilema es, ¿cuántos lugares hay?
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