La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires lanzó ayer una durísima advertencia dirigida a los tres poderes del Estado por la situación de sobrepoblación en las cárceles bonaerenses y el marco de inseguridad que padecen sus vecinos.
En una extensa resolución que se enmarca en el “Fallo Verbitsky” y que lleva la firma de la presidenta Hilda Kogan y de los ministros Sergio Torres, Luis Genoud y Daniel Soria, la Corte puso bajo la lupa la situación carcelaria bonaerense -en crísis desde hace varias décadas-, el Máximo Tribunal de Justicia de la Provincia no dejó títere con cabeza: cuestionó la ausencia de un diagrama de política criminal, apuntó a la sobrepoblación carcelaria, reclamó medidas dentro del SPB y no dejó afuera a la Legislatura, a la que reclamó “adecuar la legislación procesal penal”.
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Se trata de un fuerte rebote de una situación que explotó en las narices del ministro de Justicia Julio Alak el mismo día de su asunción, cuando decenas de familias de personas privadas de su libertad se acercaron hasta las puertas del Coliseo Podestá reclamando medidas urgentes.
Situación desbordada en las cárceles
Según los datos oficiales al 1 de abril, en la Provincia hay 54.818 detenidos alojados en la totalidad del sistema carcelario: 47.065 Unidades Penales y Alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense; 3.338 con prisión domiciliaria bajo el sistema de monitoreo electrónico; y 4.415 en dependencias policiales.
Con menos de 25 mil plazas disponibles, la Suprema Corte advirtió que “la mayoría de los espacios que habitan los detenidos están sobrepoblados” y que “esas condiciones de detención, influidas por varios factores, en ocasiones parecen contribuir a la reproducción del delito, más que a la reinserción social de los penados”.
La gestión de Axel Kicillof se propuso una meta ambiciosa para empezar a resolver este problema: aumentar el 50 por ciento de la capacidad del SPB en 2 años. Para eso, anunció la construcción de 12 mil plazas, de las cuales, según el SPB, más 2 mil ya están habilitadas.
Inseguridad y falta de políticas
El primer destinatario de los dardos de la Suprema Corte parece ser el Poder Ejecutivo, más precisamente el Ministerio de Seguridad, a cargo de Sergio Berni. Para la Justicia, “es perceptible” que falta “un diagrama de política criminal, consensuado como un acuerdo de Estado, que tienda a proveer lo conducente para la solución de los problemas de inseguridad”.
En ese sentido, señaló que este es un tema “sobre el que debe ponerse en la mira por parte de los poderes políticos”. Se trata de un búmeran que suele lanzar Sergio Berni, con un reclamo para que la Justicia “se alinee” con el trabajo de la policía y no libere presos, para evitar la reinicidencia.
Pero no sólo el Poder Ejecutivo quedó bajo la lupa. La Suprema Corte mencionó explícitamente a la Legislatura bonaerense, a la que reclamó que trabaje para la “adecuación de la legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y demás alternativas o morigeraciones a tales medidas cautelares y la legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales”.
Se trata de un mensaje que va en dirección a las políticas de “mano dura” con las que machacan algunos sectores de la política y que tiende a evitar abusos de instrumentos como la prisión preventiva, que, para la Corte “no puede convertirse en una pena anticipada” por lo cual reclama “su uso racional” y el empleo de “medidas alternativas”. “El mayor número de detenidos aún se encuentra en situación de procesado sin sentencia de condena firme”, advierte, para justificar este “tirón de orejas”.
Los datos respecto de la cantidad de reclusos que tiene el SPB, la capacidad de cada unidad penitenciaria y las condiciones de alojamiento son materia opinable y discutible, según señala la propia Corte, que reclamó al Ministerio de Justicia información clara al respecto. Tampoco parece claro el estado de avance del plan de adecuación carcelaria anunciado por la administración de Axel Kicillof, ya que demanda esa información detallada y actualizada.
Las órdenes y “recomendaciones” de la Suprema Corte
La resolución de la Suprema Corte contiene en su parte final una serie de órdenes y recomendaciones para que los tres poderes del Estado colaboren para dar una salida a la explosiva situación de las cárceles bonaerenses.
Entre ellas:
- Revisar la situación de personas procesadas y disponer “medidas de cautela o de ejecución menos lesivas”;
- Prohibir alojamiento en comisarías de menores, mujeres embarazadas y enfermos;
- Ponderar el uso del sistema de monitoreo electrónico;
- Implementar audiencias de debate con especial enfoque en los privados de libertad con mayor tiempo en prisión preventiva;
- Requerir al Poder Ejecutivo la “posición y diagnóstico sobre el estado de situación de las condiciones de habitabilidad y el cupo que correspondiere a cada unidad penitenciaria y alcaidías”;
- Consignar aspectos “edilicios, de servicios e instalaciones, condiciones de higiene y sanitarias, alimentación, seguridad, esparcimiento, capacitaciones: educación y laborales”;
- Avanzar en el “cese progresivo del uso de las comisarías como lugar de detención de personas”;
- Informes sobre el “estado de avance del Plan de construcción de Alcaidías”;
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