Luego que la vicepresidenta Gabriela Michetti diera por terminada el expediente administrativo que investigaba la condonación de una deuda millonaria del Correo desde el Estado, diputados del massismo denunciaron penalmente a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, por considerar que esta “protegió” al presidente Macri en esa causa.
Sucede que el informe que había elaborado la OA en medio del conflicto de interés entre el presidente y la empresa, fue utilizado por el gobierno para sustentar el decreto que firmó Michetti y el Jefe de gabinete Marcos Peña.
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Allí, los diputados encabezados por Graciela Camaño, Celilia Moreau y Alejandro Grandinetti, consideraron que “es indudable que (Alonso) soslayó deliberadamente información que comprometía al Presidente”. El Estado argentino –a manos de Macri- le había perdonado una deuda del Correo de 70 mil millones de pesos. La empresa que había estado en manos de la familia presidencial.
La denuncia penal presentada fue por presuntos delitos de violación de los deberes del funcionario público y “retardo de la justicia”. La causa fue tomada por la jueza María Servini.
“Debe realizar una labor profunda y detallada de investigación y no un ‘copia y pega’ de resoluciones de otras instituciones, tomando en cuenta cuestiones que le son convenientes y desestimando aquellas que perjudicarían a Macri”, dice parte de la denuncia.
Por eso, para Camaño, la titular de la OA “no podría bajo ningún punto de vista estar al mando de la Oficina” ya que “resulta ilógico e increíble” que su rol tenga que ser el de investigar a una persona cercana a sus pensamientos, como lo es Macri.
De hecho, Laura Alonso ya había tenido un papel muy pobre frente a otros casos de corrupción como fueron los Panamá Papers o el conflicto de intereses que protagonizó el ex ministro de Energía Juan José Aranguren con la empresa Shell. Allí, la funcionaria pública le había “aconsejado” desprenderse de sus acciones mientras fuese un ministro de la Nación.
“Ha quedado claro que la Licenciada Alonso ha transformado un área del Estado, encargada de combatir la corrupción, en una trinchera dedicada explícitamente a perseguir, por un lado, a funcionarios de la gestión anterior, y por otro, para encubrir a funcionarios de la actual gestión”, cerraron con dureza en su presentación.
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