El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro (PRO), consiguió dar un primer paso en los tribunales para avanzar en una demanda contra la Provincia para quedarse con la administración del complejo turístico de Punta Mogotes. Es que la Justicia en lo Contencioso Administrativo admitió la presentación y dio curso a las primeras acciones de la instrucción.
Al aceptar el planteo, el juez Simón Isacch le dio un plazo de 45 días al gobierno de Axel Kicillof para que responda a los planteos que realizó el municipio y notificó al fiscal de Estado, Hernán Gómez, informó el sitio local 0223.
A su vez, también citó como “tercero” dentro del proceso judicial a la Administración de Punta Mogotes, tras una petición de la propia demandante con el fin de “respetar su derecho a la defensa” ya que lo que se decida en la causa incidirá directamente sobre su situación, precisa el escrito.
Por último, la justicia le ordenó al Banco de la Provincia de Buenos Aires que abra una cuenta judicial para la consignación de los $14 millones que la Municipalidad calculó como monto de la deuda, tal como requería el municipio.
Pica entre el intendente de Mar del Plata y la Provincia por Punta Mogotes
A mediados de septiembre, Montenegro reaccionó ante la negativa del gobierno de Axel Kicillof de aceptar un pago para recuperar el histórico complejo turístico de Punta Mogotes, que hoy depende de la Provincia de Buenos Aires. “Me importan nada sus chicanas legales”, lanzó.
Previo a eso, el municipio había intimado a la provincia a aceptar un pago de $14 millones que salde la deuda que el complejo arrastra por la provincialización del predio, en 1984, en base a que una de las cláusulas del convenio “dice que se puede rescindir el contrato cuando se pague la deuda” había indicado semanas atrás el Jefe Comunal en conferencia de prensa.
Según informó el sitio marplatense 0223, al Municipio de Mar del Plata llegó la contestación de la funcionaria bonaerense en la que se explicó que la deuda corresponde en realidad a la Administración de Punta Mogotes (APM), un ente interjurisdiccional compuesto en un 70% por Provincia y en un 30% por la Municipalidad y que es el encargado de gestionar el complejo desde hace 40 años.
“El Municipio de General Pueyrredón carece de competencia administrativa para afectar recursos del erario municipal para realizar pagos y/o subrogarse en el ejercicio de las obligaciones de la APM” advirtió la provincia.
