El Decreto 70/2017, lanzado por Mauricio Macri durante su presidencia, marcaba como texto duro que cualquier persona con antecedentes penales sería expulsada del país. Se justificaba en el discurso del narcotráfico, el trafico de órganos y la trata. Pero en lo concreto se terminó expulsando a personas cuyos delitos eran administrativos, o que ya habían cumplido su condena, sin posibilitar una instancia de legítima defensa.
El viernes 5 de marzo, el Gobierno Nacional derogó el Decreto que modificó la Ley de Migraciones que ya había sido cuestionado por diferentes organizaciones sociales y especialistas en derechos migratorios que lo consideraron inconstitucional. La Cámara Contencioso Administrativo en marzo de 2018 la declaró inconstitucional, y la ONU manifestó su preocupación al respecto.
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La ley de migraciones se modificó para dar lugar a esta política que terminó separando familias de trabajadores migrantes que residían en Argentina. Además, los plazos en los que las personas judicializadas podían presentar pruebas que los exculparan eran mínimos, por lo que se violaba el derecho a la legítima defensa.
Así lo confirmó Zulema Montero, integrante del bloque de Trabajadores Migrantes que luchan por los derechos de las personas migrantes en Argentina, al aire de Feudale Café por La Cielo FM 103.5. Que expresó: “A nosotros nos veían como los chivos expiatorios con ese decreto para disimular ante la opinión pública que los migrantes estamos viniendo a cometer delitos o cometemos delitos acá y tenemos derecho a ser expulsados”.
“Por cualquier antecedente penal, no sea criminal, puede ser incluso una infracción administrativa, se nos abría causa y tenían incluso la obligación los jueces de informar a migraciones, mandar a migraciones para que inicie inmediatamente un trámite de expulsión” aseguró Zulema.
Durante la entrevista manifestó que primero se dictaba la resolución ” y teníamos la única opción de dictar un recurso jerárquico ante el mismo director de migraciones. Teníamos plazos brevísimos de tres días en los que no se podía prácticamente hacer nada. De ahí viene su inconstitucionalidad porque no se daba lugar a la legítima defensa ni un debido proceso, era imposible conseguir las pruebas en esos tres días.”
En este periodo, según informó Montero, se deportó personas con más de 10 años de residencia en el país, con causas que ya habían prescripto por el tiempo que había pasado. Así se separó familias de personas que llevaban muchos años en el país. “Se han separado a padres y a madres, los niños han quedado en total vulnerabilidad incluso con traumas psicológicos” finalizó.
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