Los cinco policías estaban en la mira sospechados de realizar allanamientos truchos y proteger a bandas de delincuentes y vendedores de drogas en la zona norte de La Plata.
Por disposición de la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI n° 7, detectives de Asuntos Internos allanaron ayer varios objetivos en La Plata y en Puerto Madero y dieron con tres de los cinco, por lo que dos fueron declarados prófugos.
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En los procedimientos fueron aprehendidos en la sede de la seccional de Villa Elisa, Punta Lara y Hernández, los uniformados José Sosa, Facundo Rodríguez y Fernando Pardo, pero no fueron hallados en sus lugares de trabajo ni en sus domicilios Rolando Morales y Jorge Porcella.
Morales cumplía funciones en la comisaría Quinta de Avellaneda pero no iba a trabajar desde mediados de junio pasado. En tanto Porcella, quien ya estaba desafectado de la fuerza desde febrero, no estaba en su casa de La Plata ni en un departamento en Puerto Madero, adonde lo fueron a buscar.
La fiscal los imputó por los delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad agravada, incumplimiento en el deber de funcionario público, promover persecución penal, falsedad ideológica y allanamiento ilegal.
Los hechos de protección a delincuentes habrían ocurrido los días 21 y 22 de octubre pasado en jurisdicción de la comisaría de Villa Elisa. Por estos hechos fueron separados de la fuerza Cristian Demarco y Osvaldo “Chucky” Gómez.
En febrero pasado los detectives de Asuntos Internos secuestraron libros de guardias y actas judiciales, y con el cotejo de esos elementos se pudo avanzar en la pesquisa.
La denuncia indicaba que los policías allanaron sin orden judicial la vivienda de un joven que vendía drogas y los domicilios de dos familiares y que en los procedimientos truchos sustrajeron dinero, estupefacientes y objetos de valor.
También concretaron la detención ilegal del presunto dealer, al que habrían amenazado para que deje el negocio de la venta de sustancias prohibidas a integrantes de otra banda.
El titular de Asuntos Internos, en diálogo con INFOCIELO, explicó que “no había coincidencia entre los libros judiciales con las órdenes de servicio y hubo faltantes de actas que nos llamaron mucho la atención. Todo confirmaría los dichos de los denunciantes”.
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