Uno de los mayores reclamos del sector agropecuario argentino es la elevada presión impositiva por parte del Gobierno, en todos sus niveles. Desde los derechos de exportación hasta los impuestos municipales, este tema causa un profundo malestar en la cadena de valor agropecuaria.
En la provincia de Buenos Aires, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) ha discutido esta cuestión durante los últimos años, sobre todo a partir de los incrementos que la gestión de la Gobernadora María Eugenia Vidal ha impulsado en el Impuesto Inmobiliario Rural.
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Una vez que se conoce este porcentaje, que para este año se ubicó sobre el 30%, las municipalidades bonaerenses lo toman como punto de partida para actualizar sus impuestos, entre ellos la Tasa Vial.
En relación a esta tasa, hay cifras que sorprenden. De acuerdo a un relevamiento efectuado por el Comité de Caminos Rurales de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en 2019 se registran incrementos que oscilan entre el 35 y el 90%. El trabajo tomó información en 43 distritos de la provincia de Buenos Aires y se divide en tres grupos.
En el primer pelotón, se encuentran aquellos partidos que aumentaron por encima del 55%. En este grupo sobresalen Coronel Suarez (90%), Alberti (83%) y Saladillo (78%), seguidos muy de cerca por Trenque Lauquen y Villarino. El listado continúa con los municipios que subieron entre 35% y 55%, como los casos de Junín (50%), y Florentino Ameghino (48%) y se completa con aquellas once localidades que lo hicieron por debajo del 35%, como Leandro N. Alem y Carlos Casares, en un 35%.
El primer dato que llama la atención en estos resultados preliminares es la dispersión en los porcentajes del aumento en esta tasa, que oscila entre el 35% y 90%. Consultado por INFOCIELO, el director del Comité de Caminos de la SRA Tomás Palazón explicó que “los incrementos se fundan en los requerimientos financieros de los municipios, que utilizan la Tasa Vial como como renta general”.
En este sentido, el pago de una Tasa Vial por definición obliga a una contraprestación del servicio de mantenimiento de caminos. En algunos casos, Palazón señalo que parte del dinero que ingresa a estos municipios por este concepto “se va a sueldos y a cubrir gastos que nada tienen que ver con los caminos”.
La reacción de los productores varía de acuerdo a cada localidad y la “muñeca” de los jefes comunales para manejar este tema sensible. En este sentido, el directivo de la SRA marcó diferencias: “Hay municipios donde existe diálogo y se da pie a una negociación positiva”, sostuvo. Pero en aquellos casos donde el incremento de la tasa es muy por encima del 30%, “son los que generan mayor reclamo de parte de los productores”.
Como una solución a este problema, remarcó que el incremento de la Tasa Vial debe ser en el contexto de un plan de obras analizado en detalle y en un marco de consenso. “Si la planificación que se pacta en una mesa de diálogo da como resultado que se debe aumentar 30% o 90%, no hay nada que discutir”, ejemplificó.
Como contrapartida, explicó si la decisión de aumentar el porcentaje de esta tasa depende de la percepción de un funcionario que ajusta la recaudación de acuerdo a cubrir sus necesidades financieras. “Es ahí donde se genera el problema”, concluyó.
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