El Parlamento de El Salvador, controlado por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó el miércoles una ley que permite juzgar en un solo proceso a cientos de personas acusadas de pertenecer a las “maras” o pandillas criminales, una medida que genera críticas de la oposición y de organizaciones de derechos humanos.
La ley establece disposiciones transitorias especiales para procesar a los detenidos durante “el estado de emergencia” que se declaró en 2022 para combatir la violencia de las pandillas, que eran las responsables de la mayoría de los homicidios en el país.
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Según la nueva norma ahora aprobada por el Poder legislativo, la Fiscalía podrá presentar los mismos elementos de prueba para imputar a los sospechosos que tengan algún tipo de relación entre sí, ya sea por sus vínculos personales, por el lugar donde cometieron los delitos o por la identidad de las víctimas, en un plazo de 24 meses.
DE A 900 DE ‘UN SOLO SAQUE’
El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, defendió la ley argumentando que dará mayor orden y eficiencia a los procesos judiciales, y estimó que con ella podrían ser enjuiciados hasta 900 imputados en un solo caso. La Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios son las principales pandillas del país.
Sin embargo, la ley está siendo cuestionada por políticos opositores y expertos en derechos humanos, que la consideran una violación del debido proceso y de la presunción de inocencia.
El diputado César Reyes, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), dijo a la agencia internacional Reuters que la ley implica que “simplemente la policía y las fuerzas armadas catalogan como sospechosa a cualquier persona y la detienen”.
Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, afirmó que el país estaba “regresando a la época de la inquisición” y que se imputarán delitos a personas que no los cometieron.
El gobierno de Bukele es criticado por organizaciones de derechos humanos debido a las detenciones masivas de presuntos pandilleros, también por la exposición pública de ellos en condiciones denigrantes, y por su ingreso en cárceles especiales exclusiva ls para estos detenidos.
CÁRCELES ABIGARRADAS DE PRESOS
En los 16 meses de estado de emergencia, que tiene un amplio apoyo popular por la reducción del índice de homicidios, fueron detenidos más de 72 mil presuntos pandilleros y liberados apenas 6 mil, de acuerdo a datos oficiales, mientras grupos civiles denuncian 174 muertes y 6,400 abusos en el marco de la medida.
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