Magdalena Sierra protagonizó una escena insólita para la política bonaerense: la intendenta interina de Avellaneda (Fuerza Patria) inauguró una nueva sala multiespacio en una escuela pública en Gerli que lleva su propio nombre.
La situación generó sorpresa por una razón evidente: la funcionaria no solo participó de la inauguración de la obra, sino que el espacio educativo fue bautizado “Magdalena Sierra” mientras ella continúa en actividad política y ocupa actualmente la intendencia interina del municipio.
Se trata, además, de una de las primeras obras que Sierra pone en marcha desde que asumió provisoriamente al frente del Ejecutivo municipal en reemplazo de su esposo y ahora asesor del municipio, Jorge Ferraresi. La situación adquiere una particularidad todavía mayor porque se trata de una dependencia de una escuela pública, donde la imposición de nombres está alcanzada por un reglamento específico de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
Según pudo saber este medio, entre las alternativas que habrían surgido de algunos estudiantes para nombrar a la nueva sala figuró también “Héroes de Malvinas”, aunque se desconoce cómo fue el proceso de selección y qué instancia administrativa autorizó finalmente la denominación elegida.
Qué dice el reglamento bonaerense sobre los nombres
El Reglamento y Pautas Generales para la Rectificación e Imposición de Nombre a las Instituciones Educativas de Gestión Estatal establece que las escuelas pueden imponer nombres no solamente a sus establecimientos, sino también a “bibliotecas, gimnasios, auditorios, salones de actos, aulas o cualquier otro tipo de dependencias”.
Pero la normativa no deja librada la elección a una decisión política de turno. Entre los criterios establecidos figura la posibilidad de homenajear a personas de “reconocidas virtudes cívicas”, cuya trayectoria haya contribuido al desarrollo de la comunidad, así como lugares, hechos o fechas significativas de la historia nacional o provincial.
Además, el reglamento establece que la elección debe garantizar la participación activa de la comunidad educativa: alumnos, familias, docentes, personal no docente, administrativos y cooperadores, entre otros integrantes.
El procedimiento contempla la presentación de propuestas, un período de divulgación, una elección y la elaboración de una terna con los nombres más votados. Luego, la propuesta debe pasar por la supervisión correspondiente y llegar al Consejo General de Cultura y Educación.
Hay, además, un punto del reglamento que vuelve particularmente llamativa la denominación de la sala. La normativa establece expresamente que “para la imposición de nombre de personas deberá haber transcurrido un lapso no menor a 10 años de su fallecimiento”. Si ese período no se cumplió, debe solicitarse una excepción.
El requisito está pensado para evitar que los nombres de personas sean impuestos sobre instituciones educativas como consecuencia de coyunturas políticas o decisiones inmediatas.
De la obra pública a la personalización
La escena vuelve a poner sobre la mesa una discusión que también apareció en otros ámbitos de la política bonaerense: hasta dónde puede llegar la identificación personal de los funcionarios con bienes, obras o espacios financiados por el Estado.
El primer antecedente particularmente recordado en la política bonaerense. En 2001, durante la gobernación de Carlos Ruckauf, miles de zapatillas y prendas distribuidas como parte de programas de asistencia social llevaron impresa su firma junto con el eslogan “Buenos Aires para todos”.
Durante 2017, en plena campaña electoral, distintos municipios volvieron a quedar en el centro de controversias por la colocación de nombres de intendentes en vehículos adquiridos o utilizados por el Estado.
Uno de los casos más resonantes ocurrió en La Matanza, donde patrulleros incorporaron la identificación de la entonces intendenta Verónica Magario. En José C. Paz, Mario Ishii también quedó involucrado en una polémica similar por la presencia de su nombre en ambulancias municipales.
En aquel momento, Ishii llegó a defender públicamente la decisión con una frase que quedó instalada: “Cuando yo administro, pongo mi firma”.
También hubo cuestionamientos por la presencia de nombres de intendentes en vehículos municipales de otros distritos bonaerenses, una práctica que convirtió la discusión sobre la comunicación institucional en un tema recurrente de la política provincial.
Recientemente, el debate reapareció en Puan, cuando el intendente Diego Reyes (PRO) estampó su nombre en la ropa que el propio Municipio entrega a sus trabajadores.
En el caso de Sierra, la discusión es particularmente sensible porque no se trata de un cartel de obra o de una comunicación de gobierno, sino del nombre permanente de una dependencia dentro de una institución educativa.
