ATE Nacional y SUTEBA volvieron a movilizarse este jueves para rechazar el desguace de la Base Aeronaval Punta Indio y el traslado de la Escuadrilla de Vigilancia Marítima y la Escuela de Aviación Naval hacia Bahía Blanca. La protesta llegó hasta el Edificio Libertad de la Armada y sumó una nueva advertencia: la salida de trabajadores y sus familias también impactaría sobre la matrícula de las escuelas de Verónica.
La concentración reunió a trabajadores civiles, docentes, vecinos y representantes de CTERA y la CTA-T. ATE viene contabilizando unos 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares vinculados a la estructura, mientras que SUTEBA señaló que quedarían afectados 185 estatales, 27 contratados y 43 docentes.
El reclamo se da después de la movilización realizada días atrás frente al Ministerio de Defensa y en medio de las gestiones del municipio para intentar frenar la reestructuración.
SUTEBA: menos familias, menos matrícula
El gremio docente puso el foco en una consecuencia que hasta ahora había quedado menos expuesta: el impacto demográfico que tendría el traslado de la actividad aeronaval.
SUTEBA advirtió que la salida de la Escuadrilla y de la Escuela de Aviación Naval afectaría “el tejido social, laboral, educativo y productivo” de Punta Indio y podría provocar una pérdida de matrícula en las escuelas de la región, además de traslados forzosos para integrantes de la comunidad educativa.
La preocupación se explica por el peso que tienen las familias vinculadas a la Base Aeronaval en una localidad de unos 14.000 habitantes.
“Alrededor de una base se configuran los pueblos”
Durante la movilización, la secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, defendió la permanencia de la base y cuestionó el impacto territorial de la decisión.
“Alrededor de una base se configuran los pueblos”, sostuvo. Según explicó, la presencia estatal permite construir y sostener servicios como la salud, la educación y distintas políticas públicas.
La dirigente también reclamó una recomposición salarial para los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas y aseguró que un empleado con diez años de antigüedad cobra actualmente alrededor de $480.000.
En Punta Indio, además del impacto laboral, el intendente David Angueira estimó que la salida de la actividad podría implicar que más de $500 millones mensuales dejen de circular en la economía local.
