El expediente penal que conmociona a los tribunales de La Plata tuvo novedades de peso en las últimas horas. Albertina Mangini, la funcionaria del Ministerio Público bonaerense encarcelada e investigada como presunta integrante de una organización dedicada a estafas multimillonarias y lavado de activos, renovó formalmente su equipo de defensores técnicos. Tras desprenderse de su anterior representación letrada, la imputada designó a los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina para liderar su estrategia procesal, en un momento crucial del proceso donde se analiza seriamente la posibilidad de que rompa el silencio y declare ante la fiscal del caso.
La causa judicial, impulsada por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Plata, Betina Lacki, coloca a Mangini en el centro de una presunta asociación ilícita que habría maniobrado montos cercanos a los 27.000 millones de pesos. La detención de la empleada judicial se concretó el pasado 13 de agosto de 2026, luego de que el titular del Juzgado de Garantías N° 6, Agustín Crispo, convalidara los elementos probatorios reunidos por los investigadores y ordenara su inmediata captura. Desde aquel día, la procesada permanece privada de su libertad mientras sus defensores agotan las instancias para lograr su excarcelación.
En el marco de las presentaciones judiciales previas, la defensa original de Mangini intentó morigerar su situación de encierro mediante diversos planteos constitucionales. Tras el rechazo de un recurso de hábeas corpus dictaminado por la Cámara Penal del departamento judicial platense, el abogado Guillermo Espinosa Viale había solicitado una excarcelación extraordinaria. Dicho pedido argumentaba que las diligencias probatorias más relevantes ya habían sido producidas por el Ministerio Público, por lo que los riesgos de entorpecimiento de la investigación o de fuga se encontraban severamente neutralizados.
El entramado financiero y la compra de datos sensibles
Con el desembarco de Gascón y Molina en la causa, el planteo defensivo busca reestructurarse por completo. Los letrados analizan al detalle las fojas del expediente para determinar las condiciones bajo las cuales la funcionaria podría presentarse a brindar su testimonio en la sede fiscal. Según trascendió desde su entorno, la intención central de este eventual testimonio será desmarcar de manera tajante a la mujer de la estructura criminal, asegurando que resulta ajena a las maniobras financieras investigadas y que cuenta con explicaciones sólidas para desarticular la imputación que pesa sobre su persona.
Para fundamentar los reiterados pedidos de libertad o morigeración de la prisión preventiva, la defensa presentó ante el juzgado un listado de pautas de conducta estrictas. Entre las compromisos ofrecidos figuran la entrega inmediata del pasaporte, la prohibición absoluta para salir del país, la obligación de fijar comparecencias periódicas en el juzgado, la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico tipo tobillera y la absoluta restricción de mantener contacto con los restantes imputados o testigos del expediente. A esto sumaron el sólido arraigo familiar, patrimonial y laboral que Mangini ostenta en la capital bonaerense.
Asimismo, la situación médica de la imputada adquirió un rol protagónico en los escritos elevados al magistrado de garantías. Sus defensores alertaron sobre un visible deterioro en el estado de salud mental de la funcionaria desde que fue trasladada a su lugar de detención. Según las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas incorporadas a la causa, Mangini cursa un severo cuadro de ansiedad y depresión reactiva, encontrándose bajo tratamiento farmacológico intensivo. Por esta razón, la defensa reiteró el pedido de peritajes médicos urgentes para evaluar la compatibilidad de su estado de salud con el encierro carcelario.
Cargos graves, redes de poder y el rol en el Poder Judicial
La hipótesis central del Ministerio Público Fiscal sostiene que la organización criminal operaba mediante la captación ilegal y compra de datos personales y biométricos de personas en situación de extrema vulnerabilidad social. Utilizando esa información sensible, los miembros del grupo creaban cuentas falsas en diversas plataformas de billeteras virtuales para canalizar y blanquear sumas multimillonarias de procedencia ilícita. La fiscalía encuadró el accionar en los delitos de asociación ilícita, defraudación por uso indebido de datos personales y lavado de activos agravado por la habitualidad y por la condición de funcionario público.
Junto con Mangini, la causa cuenta con otros dos detenidos de relevancia: Ignacio Leonel Marchioni y Mauro Perrota. De todos los involucrados, únicamente Marchioni prestó declaración indagatoria hasta la fecha, mientras que los demás optaron por hacer uso de su derecho constitucional de abstenerse a declarar. La eventual manifestación judicial de la funcionaria judicial podría modificar sustancialmente el curso de las pesquisas. Cabe destacar que Marchioni ya figuraba bajo la lupa judicial en causas vinculadas a la firma Sur Finanzas, un expediente donde se investigaron maniobras de lavado de dinero con conexiones en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Por último, el peso de la acusación sobre Mangini se agrava sensiblemente debido a su trayectoria dentro de la estructura estatal. Con 44 años de edad, ingresó al Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires en 2009 y, al momento de ser arrestada, ejercía como secretaria de la Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial La Plata, desempeñando labores específicas en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados. Esta posición jerárquica no solo fundamenta el agravante aplicado por la fiscalía por el uso de su función pública, sino que también coloca sobre el caso la atenta mirada de todo el estamento judicial bonaerense.
