El Municipio de Azul respondió con dureza al reclamo del intendente de Tandil, Miguel Lunghi, por el traslado de una familia en situación de vulnerabilidad que terminó en la estación de trenes de esa ciudad. La administración de Nelson Sombra rechazó hacerse cargo del regreso del grupo y sostuvo que el viaje fue solicitado por integrantes adultos de la propia familia.
La respuesta fue enviada este viernes 21 de agosto, un día después de que Lunghi exigiera explicaciones sobre el operativo, reclamara que Azul afrontara los gastos de asistencia realizados por Tandil y pidiera que se coordine el retorno de la familia a su ciudad de origen.
En una extensa nota dirigida al intendente radical, Azul calificó de “extrema gravedad” las acusaciones y cuestionó que se hayan formulado sobre la base de “afirmaciones dogmáticas” y conclusiones que, según sostuvo, carecen de sustento fáctico y jurídico.
Pero además introdujo una diferencia concreta respecto de la información difundida inicialmente por Tandil: aseguró que el grupo trasladado estaba compuesto por diez personas, cuatro adultos y seis menores, y no por 11.
Azul sostiene que la familia pidió ser trasladada
El principal argumento de la Municipalidad de Azul es que el traslado no fue una decisión unilateral de la gestión de Sombra. Según explicó en la respuesta, la familia había recibido durante más de cuatro años asistencia de profesionales de distintas áreas municipales y también era abordada por el Consejo Local de Hábitat. Se trata de una de las familias asentadas en Los Piletones, un predio afectado por contaminación del suelo, donde unas 20 familias esperan soluciones habitacionales.
La comuna recordó que la Ordenanza N° 5.204 creó el programa “Emergencia Habitacional por Contaminación” y que la familia involucrada es beneficiaria de los módulos habitacionales proyectados en el predio del Tiro Federal. Sin embargo, Azul sostiene que la decisión de trasladarse a Tandil no estuvo vinculada con una falta de asistencia habitacional.
De acuerdo con la versión oficial, durante la semana previa se había intentado abordar un conflicto entre la familia y otros beneficiarios de los módulos. En ese contexto, uno de los adultos habría solicitado ser trasladado a Tandil porque aseguraba contar allí con posibilidades laborales y alojamiento para su grupo familiar.
La Municipalidad afirma que, a partir de los informes realizados, se evaluó que la familia contaba con condiciones para alojarse en Tandil y que no requería asistencia adicional. Por ese motivo se dispuso el traslado en un vehículo oficial.
La diferencia por la cantidad de personas
La respuesta de Azul también cuestiona uno de los datos centrales difundidos por Tandil. Mientras el Municipio serrano informó que había recibido a 11 personas, entre ellas cinco menores, Azul asegura que el grupo estaba compuesto por diez integrantes: cuatro adultos y seis menores.
La comuna también rechazó que hubiera existido una situación que justificara una intervención específica del Servicio Local de Niñez. Según sostuvo, no había antecedentes de intervención y la responsabilidad parental era ejercida plenamente por los progenitores.
Por eso, consideró que la decisión de una familia de trasladarse a otra ciudad no podía ser impedida por una intervención estatal basada únicamente en su mudanza.
“No se puede disponer de las personas como si fueran objetos”
Uno de los puntos más fuertes de la respuesta aparece en el rechazo al pedido de Lunghi para que Azul coordine el regreso del grupo. La administración de Sombra consideró que hablar de una supuesta “expulsión” o “abandono” territorial constituye una tergiversación de los hechos y sostuvo que el traslado no fue una derivación institucional compulsiva, sino una solicitud realizada por adultos de la familia.
En ese sentido, cuestionó que Tandil pueda exigir un “retorno seguro” sin consultar primero a los propios integrantes del grupo.
Azul argumentó que los adultos tienen derecho a circular libremente por el territorio argentino, trabajar, acceder a una vivienda y elegir su lugar de residencia. Por eso, sostuvo que disponer el regreso de la familia sin conocer su voluntad actual podría implicar una nueva vulneración de sus derechos.
En uno de los pasajes más duros de la nota, el Municipio cuestionó cualquier intento de “disponer de las personas como si se tratara de objetos” y consideró que una decisión sobre el lugar de residencia de la familia debe tomarse con sus integrantes y no sin ellos.
Azul tampoco pagará los gastos reclamados
La respuesta también rechaza el pedido de Lunghi para que Azul afronte los gastos que Tandil asegura haber realizado desde la llegada de la familia.
El intendente tandilense había reclamado que el Municipio azuleño se hiciera cargo de los costos de alojamiento, alimentación y asistencia derivados de la emergencia.
Azul respondió que no existe fundamento legal para convertir una decisión tomada por Tandil, en el marco de su propia evaluación de la situación, en una deuda automáticamente exigible a la Municipalidad.
También cuestionó las advertencias de Lunghi sobre la posibilidad de avanzar con acciones administrativas, civiles o penales si no recibía una respuesta satisfactoria.
Una mesa de trabajo para resolver el conflicto
Pese al tono de la respuesta, Azul propuso abrir una instancia de diálogo con Tandil mediante una mesa de trabajo conjunta entre ambos municipios, con participación de las áreas sociales.
El primer paso, según planteó la gestión de Sombra, debería ser escuchar directamente a los adultos de la familia y conocer cuál es su voluntad actual respecto del lugar donde quieren vivir. Así, el conflicto entre los dos municipios suma ahora una nueva etapa.
Tandil sostiene que recibió a una familia vulnerable trasladada desde Azul sin coordinación previa, que debió activar sus protocolos de emergencia y que ahora reclama explicaciones, el pago de los gastos y una solución para el grupo.
Azul, en cambio, afirma que la familia contaba con asistencia institucional, que el traslado fue solicitado por sus propios integrantes y que no existió abandono ni expulsión.
Mientras ambas administraciones mantienen posiciones enfrentadas y el caso continúa bajo análisis, una cuestión aparece como central para determinar qué ocurrió: qué pidió realmente la familia, qué condiciones se le garantizaron antes del viaje y cuál es hoy su voluntad respecto de dónde quiere vivir.
