Tras meses de expectativa en el sector logístico y empresarial, el Poder Ejecutivo dio el paso definitivo en su plan de privatización del transporte ferroviario de cargas. Mediante la Resolución N° 1350/2026 firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial, se autorizó la convocatoria a licitación pública nacional e internacional para otorgar la concesión por medio siglo de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. La medida abarca una red estratégica de 7.594 kilómetros operativos que cruzan 16 provincias y conectan al país con cinco pasos internacionales hacia Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Un esquema de financiamiento sin fondos públicos

El nuevo esquema diseñado por la administración nacional elimina por completo el uso de subsidios y el cobro de cánones estatales, volcando la responsabilidad financiera sobre el capital privado. Los futuros concesionarios obtendrán sus ingresos exclusivamente mediante el cobro de peajes a los operadores ferroviarios y la explotación comercial de los predios e inmuebles linderos a las vías, tales como silos y parques logísticos.

Con esta estructura, la intención oficial apunta a encarar un volumen de obras que en su diseño original contempla inversiones estimadas en 755 millones de dólares, repartidos principalmente entre la red del San Martín y el Belgrano, para abaratar los costos de transporte e impulsar el comercio exterior.

Material rodante y los incentivos del RIGI

Para responder a las demandas presentadas por los grupos empresariales que buscaban un negocio integrado, el Gobierno ajustó la letra chica de los pliegos e incorporó dos modificaciones sustanciales. Por un lado, incluyó la opción de compra del material rodante mediante remate público dentro de los contratos de concesión, derivando los fondos resultantes a un fideicomiso de administración a cargo de Belgrano Cargas y Logística S.A.

Por otro lado, habilitó el acceso a los beneficios impositivos y cambiarios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para aquellas obras destinadas a la renovación, transformación o desarrollo de nueva infraestructura.

Sin embargo, el documento final introdujo un giro geoestratégico de último momento. Aunque el concurso está abierto a oferentes internacionales, una cláusula prohibitiva veta la participación de firmas que se encuentren bajo el control de Estados extranjeros, un filtro pensado para restringir el desembarco de corporaciones vinculadas al gobierno chino.

Todo el proceso administrativo se gestionará de manera digital a través de la plataforma pública CONTRAT.AR, fijando el 28 de octubre como fecha límite para realizar consultas sobre la documentación y estableciendo el plazo final para la inscripción de interesados y recepción de propuestas para el próximo 11 de noviembre a las 9:59 horas, momento previo al acto de apertura de sobres.