La prevención de la violencia digital en las escuelas avanza en la Legislatura con un proyecto de ley que busca ampliar las herramientas de detección y abordaje de las situaciones que afectan a estudiantes dentro y fuera de las aulas, pero que tienen un impacto directo en la convivencia escolar.
La iniciativa, conocida como “Ley Ema”, obtuvo dictamen favorable y continúa su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados. El proyecto fue presentado por la diputada quilmeña Mayra Mendoza y propone garantizar el derecho de las y los estudiantes del sistema educativo provincial a una convivencia digital segura.
El texto plantea lineamientos para todos los niveles y modalidades educativas e incorpora la ciudadanía digital como parte de la formación. Entre sus objetivos aparecen el uso responsable de las tecnologías, la protección de la privacidad y la integridad personal y la generación de herramientas institucionales para actuar frente a situaciones de violencia digital.
QUÉ CAMBIA CON LA LEY DE CONVIVENCIA DIGITAL
La propuesta contempla que la Dirección General de Cultura y Educación incorpore contenidos vinculados con el consentimiento, la privacidad, los derechos digitales y el uso ético y crítico de la inteligencia artificial.
El proyecto también plantea actualizar las guías y protocolos escolares para establecer mecanismos específicos de actuación ante situaciones de violencia digital. Entre otras medidas, contempla la posibilidad de detener la vulneración de derechos, preservar la evidencia digital y evitar la revictimización de las y los estudiantes.
Otro de los puntos centrales es la capacitación obligatoria y continua del personal educativo en materia de prevención y abordaje de las violencias digitales. El objetivo es que docentes, directivos y demás trabajadores de las escuelas cuenten con herramientas para detectar situaciones de riesgo y activar los mecanismos de intervención correspondientes. La iniciativa parte de una premisa: los conflictos que comienzan o se amplifican en redes sociales y otras plataformas no quedan necesariamente fuera de la escuela. Por el contrario, pueden afectar los vínculos entre estudiantes y trasladarse directamente a la convivencia cotidiana en las aulas.
En ese sentido, el proyecto propone ampliar el concepto tradicional de convivencia escolar para incluir los espacios virtuales como ámbitos donde también deben garantizarse derechos, protección y mecanismos de prevención. Entre las situaciones que busca abordar aparecen el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la suplantación de identidad, el grooming y otras modalidades de violencia facilitadas por las tecnologías.
El texto incorpora además herramientas frente a nuevas formas de vulneración vinculadas con la inteligencia artificial y la manipulación de contenidos digitales, una problemática que suma nuevos desafíos para las instituciones educativas.
UNA LEY QUE NACIÓ A PARTIR DEL CASO DE EMA
El proyecto fue presentado por Mendoza en mayo y lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente bonaerense cuyo caso puso en evidencia las consecuencias que pueden tener las situaciones de violencia digital dentro de los ámbitos educativos.
La iniciativa fue trabajada junto a su madre, Laura Sánchez, y organizaciones especializadas en derechos y violencia digital. Desde entonces, el proyecto busca establecer un marco específico para que las escuelas puedan prevenir y actuar ante situaciones que, hasta ahora, muchas veces quedan comprendidas dentro de protocolos generales de convivencia.
La propuesta obtuvo dictamen de la Comisión de Educación y hoy de Legislación General, por lo que podría tratarse en la sesión que se baraja para el jueves 27 de agosto, reunión parlamentaria que marcaría el regreso de la actividad ordinaria del recinto tras el receso invernal.
LEGISLACIÓN GENERAL PREPARA EL TERRENO PARA LA SESIÓN
En ese marco, la Comisión de Legislación General, presidida por el massista Rubén Eslaiman, despachó este miércoles una batería de iniciativas que podrían incorporarse al temario de la sesión prevista para el 27 de agosto.
Entre los proyectos que quedaron encaminados se encuentra justamente el de Mendoza sobre Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, además de iniciativas vinculadas con la inclusión laboral de personas con discapacidad, las prestaciones básicas para ese sector y la regulación de autorizaciones para el uso de imágenes de niños en ámbitos escolares, entre otras propuestas.
