La discusión sobre el acceso de los extranjeros a la universidad y la salud pública volvió a escalar este martes luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmara que el 40% de los estudiantes de Medicina no son oriundos de nuestro país.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) salió rápidamente a desmentir el dato y aseguró que la cifra real es diez veces menor, en un debate que también tiene su correlato en la provincia de Buenos Aires con el proyecto impulsado por el diputado libertario Agustín Romo para cobrar la atención sanitaria y los estudios universitarios a extranjeros no residentes.
Durante su habitual conferencia de prensa, Ravier justificó la discusión sobre el financiamiento universitario con una cifra que luego fue refutada por la propia casa de estudios.
“Un alto porcentaje de los estudiantes de Medicina son extranjeros, un 40%, y eso genera un costo”, sostuvo.
Consultado sobre el origen del dato, el vocero insistió: “Es el dato que tengo. Si es falso lo revisamos, es el dato que tengo ahora, pero entiendo que es el 39% exacto”.
Con ese argumento defendió la posibilidad de modificar el esquema vigente. “Estamos destinando recursos a formar extranjeros que después vuelven a sus países y nosotros pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes, generar posibilidades de estudio y poner los recursos para los residentes y ciudadanos argentinos”, afirmó.
No obstante, aclaró que el Gobierno nacional no pretende imponer un arancel por decreto. “Lo que se está planteando es que las universidades, que son autónomas, puedan decidir si quieren cobrarles o no a los extranjeros. No se trata de imponerle a las universidades”.
La UBA desmintió los números del Gobierno
La respuesta llegó pocas horas después de boca del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien difundió los datos oficiales de la universidad y cuestionó las declaraciones del vocero presidencial.
“Ante las declaraciones erróneas del vocero presidencial sobre la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades públicas, comparto nuevamente esta información”, publicó.
Según precisó, en 2026 los estudiantes extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan apenas el 2,5% de los más de 70.000 ingresantes de la UBA.
En la Facultad de Medicina, donde Ravier ubicó el porcentaje en torno al 40%, el número oficial alcanza apenas el 6,1%. En Odontología representan el 4,1%; en Ingeniería, el 2,7%; mientras que en el resto de las facultades el porcentaje es inferior al 2%.
Yacobitti recordó además que desde 2022 la universidad exige acreditar un nivel C1 de español a los aspirantes provenientes de países no hispanohablantes y se puso a disposición del Gobierno nacional para analizar la información.
“Estamos a disposición para reunirnos con el Gobierno nacional y analizar los datos para que el debate público sea con información precisa”, sostuvo.
El proyecto de Romo y una discusión con más impacto político que legislativo
Las declaraciones de Ravier se producen en momentos en que La Libertad Avanza busca instalar el debate sobre el financiamiento de los servicios públicos para extranjeros no residentes.
En ese marco, el diputado bonaerense Agustín Romo presentó un proyecto para que las universidades públicas de la provincia establezcan tasas obligatorias para estudiantes extranjeros sin residencia permanente y para que los hospitales públicos cobren las prestaciones médicas a extranjeros transitorios o con residencia precaria, ya sea de manera directa, mediante un tercero o a través de un seguro de salud obligatorio.
La iniciativa aclara que ningún paciente podrá ser rechazado ni demorado cuando se trate de una emergencia que ponga en riesgo su vida y que cualquier trámite administrativo para el cobro deberá realizarse una vez estabilizada la persona.
Sin embargo, el proyecto aparece con escasas posibilidades de prosperar. En el caso de las universidades, la discusión excede a la Legislatura bonaerense, ya que el financiamiento depende del Estado nacional y cualquier modificación de la Ley de Educación Superior debe pasar por el Congreso. Además, las universidades nacionales cuentan con autonomía para definir aspectos de su funcionamiento.
En materia sanitaria, si bien la provincia tiene competencia, el oficialismo peronista y otros bloques de la oposición reúnen hoy una mayoría que dificulta el avance de una iniciativa de estas características.
La iniciativa se inscribe en una agenda que La Libertad Avanza viene impulsando para discutir el destino de los recursos estatales y que tomó fuerza luego de una serie de publicaciones en redes sociales contra la Argentina protagonizadas por algunos ciudadanos extranjeros tras la derrota de la selección en la final del mundial de fútbol.
Kreplak también salió al cruce
La discusión también motivó una fuerte respuesta del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien calificó el proyecto como una medida basada en “racismo, mentiras y desconocimiento”.
“Una acción racista, discriminatoria y que además tiene nulo impacto. No existen extranjeros no residentes que utilicen nuestro sistema de salud por cosas no urgentes”, afirmó.
Para respaldar esa postura citó un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, según el cual en la provincia de Buenos Aires, durante 2023, apenas el 0,2% de las consultas hospitalarias y el 0,81% de las internaciones correspondieron a extranjeros no residentes.
Con esos datos, el Gobierno bonaerense sostiene que la utilización del sistema público por parte de ese grupo es marginal y que el proyecto impulsado por La Libertad Avanza tiene un fuerte componente de instalación política, pero escaso impacto concreto tanto en el financiamiento de la salud como en el de la educación pública.
