Una investigación por una presunta red de trata de personas con alcance internacional derivó en la detención de una mujer en la localidad bonaerense de Tigre, acusada de captar argentinos con falsas promesas laborales para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia. El operativo fue ordenado por la Justicia Federal de Lomas de Zamora y permitió desarticular parte de una organización que, según la pesquisa, utilizaba redes sociales para reclutar principalmente a exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad.
La causa está a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, encabezada por el fiscal Sergio Néstor Mola, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). En el allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina fue detenida una de las principales sospechosas, mientras que su pareja, también señalada como integrante de la organización, logró escapar y permanece prófugo tras viajar a Brasil días antes del procedimiento.
De acuerdo con la investigación, la banda ofrecía incorporarse al ejército ucraniano por períodos de entre seis meses y tres años, con la promesa de cobrar alrededor de 3.000 dólares mensuales. Sin embargo, las condiciones reales eran ocultadas y a los interesados les entregaban documentación redactada en idioma ucraniano, donde figuraban supuestas tareas ajenas a cualquier actividad militar.
Los investigadores también descubrieron que los reclutadores instruían a las víctimas sobre qué responder si eran interrogadas por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) o por empleados de las aerolíneas. Debían afirmar que viajaban a trabajar en la construcción para evitar despertar sospechas durante los controles migratorios.
La pesquisa comenzó en marzo de este año, cuando efectivos de la PSA detectaron irregularidades en el testimonio de cuatro hombres que estaban por abordar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Europa. Ninguno sabía quién había comprado los pasajes, quién los recibiría al llegar, cuáles serían sus tareas ni contaban con dinero suficiente para afrontar la estadía. Además, todos tenían boletos solo de ida.
Con el avance de la investigación, se estableció que los cuatro habían sido captados a través de plataformas digitales con la promesa de combatir en Ucrania por un importante salario, aunque nunca llegaron a firmar un contrato que garantizara esas condiciones.
A partir de tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y seguimientos, los investigadores lograron identificar a quienes integraban la estructura encargada de captar y organizar los viajes.
Los fiscales también advirtieron que las víctimas podían quedar sometidas a mecanismos de explotación mediante deudas vinculadas a los gastos de traslado y equipamiento, una modalidad que podría encuadrarse como trata de personas con fines de explotación laboral o servidumbre en un contexto de conflicto armado.
La preocupación por este tipo de maniobras ya había sido puesta en conocimiento de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas (REDTRAM), que alertó sobre un esquema de reclutamiento dirigido especialmente a exintegrantes de fuerzas de seguridad para trasladarlos a zonas de guerra.
En la misma línea, durante julio de este año, INTERPOL emitió una notificación morada para advertir sobre esta modalidad delictiva detectada en distintos países. Según ese informe, las organizaciones criminales captan a las víctimas mediante ofertas laborales engañosas, coordinan viajes internacionales y les enseñan a mentir ante las autoridades migratorias. Una vez en destino, les retienen la documentación, los aíslan y los obligan a combatir bajo amenazas, intimidaciones y deudas ficticias que impiden cualquier posibilidad de escapar.
La mujer detenida será indagada por el juez federal Luis Armella por el delito de trata de personas, mientras la Justicia continúa analizando el material secuestrado durante el allanamiento e intenta localizar al segundo acusado, que sigue prófugo.
