La abogada Vanessa Rial falleció este miércoles a los 50 años en un sanatorio privado de La Plata. Había ingresado el pasado 25 de junio afectada por un cuadro de neumonía bilateral que se complicó tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) durante su internación. Su fallecimiento genera una fuerte repercusión en la comunidad local, ya que su caso judicial significó un punto de inflexión en el abordaje de la violencia de género en la región.

Rial fue la principal denunciante en la causa que terminó con la histórica condena a 37 años de prisión para el DJ Jorge Martínez Poch, conocido como “El Conde”, dictada el 31 de agosto de 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata.

Las claves del expediente judicial y el patrón del agresor

En septiembre de 2013, Vanessa Rial estuvo privada de su libertad durante 45 días en un departamento céntrico de la ciudad. El caso tomó estado público inmediato por la crueldad del modus operandi empleado por Martínez Poch. Según la investigación penal, el agresor utilizaba perfiles seductores para captar a mujeres profesionales independientes —Rial constató que hubo al menos 16 víctimas previas— para luego someterlas mediante un aislamiento forzado.

El punto de quiebre de la relación ocurrió durante una cena donde Rial detectó psicofármacos en su bebida. Al intentar escapar, fue amenazada con armas de fuego y armas blancas, trasladada a la fuerza en motocicleta y golpeada en la vía pública. Pese a la intervención inicial de vecinos que alertaron al 911, Martínez Poch logró evadir el control policial invocando influencias dentro de la fuerza. El cautiverio continuó bajo un régimen de abuso sexual, tortura psicológica y el uso de maquillaje para ocultar las lesiones ante el exterior.

Gracias a la insistencia de dos vecinas del edificio y a la denuncia civil de la familia de Rial, las fuerzas de seguridad ejecutaron el allanamiento que le salvó la vida.

2016: Una condena sin precedentes en la región

El 31 de agosto de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata dictó un veredicto unificado. El tribunal, presidido por el juez Juan José Ruiz, sentenció a Martínez Poch a 37 años de prisión. La relevancia del fallo radicó en que los magistrados acumularon los delitos cometidos contra Rial con las denuncias por abuso sexual agravado presentadas por las dos hijas biológicas del imputado, cometidos cuando eran menores de edad.

Al conocerse la sentencia, Rial declaró ante la prensa local:

“Fueron tres años de una lucha interminable. Se hizo justicia y hoy realmente puedo decir que estoy feliz. Ahora voy a empezar a vivir”.

En esa misma jornada, la mujer utilizó el espacio en los medios para difundir los canales oficiales de denuncia, instando al uso de la línea 144. Actualmente, Martínez Poch cumple la pena en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata y recién al cumplir los 70 años su defensa estará en condiciones temporales de solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria.

El día después: El vacío institucional tras los tribunales

Tras obtener el fallo favorable, Rial se recibió de abogada y se integró activamente a los equipos técnicos de asistencia a la víctima de la Municipalidad de La Plata durante la administración del exintendente Julio Garro, aportando su experiencia en el diseño de protocolos de contención.

Sin embargo, las crónicas judiciales suelen omitir la vulnerabilidad habitacional y económica que enfrentan las sobrevivientes en el largo plazo. A pesar de su rol profesional, las secuelas de la violencia sufrida derivaron en un progresivo deterioro de la situación socioeconómica de Rial, quien pasó sus últimos años residiendo en pensiones de la ciudad y paradores municipales.

La problemática persiste tras su deceso, fuentes del entorno familiar confirmaron que la madre de la abogada se encuentra actualmente en una situación de extrema vulnerabilidad, dependiendo de la asistencia habitacional provisoria que le brinda una empleada del Poder Judicial de la Provincia.