Tras varias idas y vueltas, el gobierno nacional de Javier Milei le adjudicó a Jan de Nul – Servimagnus el control de la Vía Navegable Troncal. La licitación pasó por varios cuestionamientos y denuncias que la administración libertaria ignoró. La empresa ganadora tiene vínculos con Santiago Caputo, el asesor presidencial.
La adjudicación quedó oficializada en la Resolución 36/26 que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación publicó en el Boletín Oficial de hoy. Según se informó oficialmente, el próximo paso es firmar el contrato con la compañía de capitales belgas y podría darse en los próximos 30 días. Ese trámite “servirá como punto de inicio para una nueva y moderna vía navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”, indicaron desde el gobierno.
La administración libertaria destacó que “el cierre del proceso licitatorio no registró impugnaciones por parte de las empresas participantes“. Lo cierto es que la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó algunas irregularidades y tiñó de sospechas todo el proceso de privatización. De ahí que el diputado nacional Jorge Taiana pidiera anular todo el proceso.
El gobierno de Milei desestimó todos los cuestionamientos y destacó que la adjudicación es un “hecho histórico para el sector privado”. “La privatización marca el fin de la etapa estatal de gestión de la estratégica vía por donde circula el 80% del comercio exterior del país, para dar paso a una nueva era de inversión privada, donde el Estado mantiene el rol de autoridad de control, pero sin intervención directa”, explicaron.
El laberinto de las irregularidades
El dictamen de la PIA, fiscalía anticorrpución, es la prueba principal de quienes pidieron suspender la licitación que acaba de concretarse. Actualmente, hay tres denuncias penales presentadas en el Poder Judicial y también proyectos de resolución en el Congreso, pero ningún expediente avanzó y parece ser demasiado tarde.
Entre los puntos más críticos detectados por la fiscalía anticorrupción se destacan, el “candado” a la participación ciudadana, la PIA denunció presuntos incumplimientos de la Ley de Acceso a la Información Ambiental. Según el organismo, durante la audiencia pública informativa se expuso un volumen tan excesivo de documentación técnica, y en plazos tan acotados, que en la práctica se impidió garantizar una participación ciudadana “real y efectiva”.
También, las trabas a la competencia, el texto oficial cuestiona con dureza las cláusulas vinculadas a eventuales cesiones del contrato y las limitaciones para impugnar el proceso. Además, alerta sobre las restricciones impuestas a las empresas para presentarse bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE), un diseño que, según los denunciantes, atenta directamente contra la libre concurrencia y la transparencia.
Sumada a la sombra del direccionamiento, el dictamen vuelve sobre un fantasma recurrente en este proceso. El “posible direccionamiento” de la licitación. A esto se le suma la preocupante ausencia de un procedimiento adecuado de evaluación de impacto ambiental que cuente con la intervención de la autoridad nacional competente.
