La controversia en torno a la licitación de la Vía Navegable Troncal sumó un capítulo de alto voltaje político y judicial. El diputado nacional Jorge Taiana presentó un nuevo proyecto parlamentario para rechazar de plano el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional y exigió su suspensión inmediata. La estocada legislativa, se apoya en un reciente y severo dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) —la fiscalía anticorrupción— que encendió las alarmas al advertir sobre “serias y evidentes irregularidades” en el procedimiento.
Con este nuevo movimiento, Taiana incorporó al expediente legislativo los duros cuestionamientos del organismo de control, que debilitan la posición del oficialismo y ponen bajo la lupa la transparencia de la principal ruta fluvial del país.
El laberinto de las irregularidades
El dictamen de la PIA, que funciona como el combustible de este nuevo reclamo, desmenuza el proceso y señala fallas estructurales que van desde el plano ambiental hasta el diseño de los pliegos de bases y condiciones.
Entre los puntos más críticos detectados por la fiscalía anticorrupción se destacan, el “candado” a la participación ciudadana, la PIA denunció presuntos incumplimientos de la Ley de Acceso a la Información Ambiental. Según el organismo, durante la audiencia pública informativa se expuso un volumen tan excesivo de documentación técnica, y en plazos tan acotados, que en la práctica se impidió garantizar una participación ciudadana “real y efectiva”.
También, las trabas a la competencia, el texto oficial cuestiona con dureza las cláusulas vinculadas a eventuales cesiones del contrato y las limitaciones para impugnar el proceso. Además, alerta sobre las restricciones impuestas a las empresas para presentarse bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE), un diseño que, según los denunciantes, atenta directamente contra la libre concurrencia y la transparencia.
Sumada a la sombra del direccionamiento, el dictamen vuelve sobre un fantasma recurrente en este proceso. El “posible direccionamiento” de la licitación. A esto se le suma la preocupante ausencia de un procedimiento adecuado de evaluación de impacto ambiental que cuente con la intervención de la autoridad nacional competente.
“Gravedad institucional”
La reacción de Taiana fue categórica. Al momento de presentar la iniciativa, el legislador no ahorró calificativos para describir el escenario actual:
“Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley”.
La ofensiva no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de pinzas que el diputado viene sosteniendo en el Congreso. Este es, de hecho, el tercer proyecto que Taiana introduce en la Cámara Baja vinculados a la hidrovía. Los anteriores incluyeron un pedido de informes y un proyecto de resolución que solicitaba la suspensión del trámite por la presunta utilización de documentos apócrifos.
Un frente judicial en expansión
Mientras el debate arrecia en los pasillos del Congreso, el conflicto ya se mudó a los tribunales. En paralelo a la actividad parlamentaria, la licitación de la Vía Navegable Troncal acumula tres denuncias penales que actualmente tramitan en el Poder Judicial.
Con el dictamen de la PIA sobre la mesa y la presión legislativa en aumento, el Gobierno nacional enfrenta el desafío de sostener un proceso licitatorio clave para la economía del país, pero que hoy se encuentra severamente esmerilado por las sospechas y los cuestionamientos legales. El futuro de la principal autopista fluvial argentina vuelve a entrar en zona de turbulencias.
