El entramado institucional argentino acaba de sumar un capítulo que deja absolutamente claro lo amañada y oscura que es la designación de jueces en el país. En una muestra de disciplinamiento político que hace crujir la libertad de expresión, el Poder Ejecutivo nacional ordenó retirar del Senado el pliego de María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de La Plata.
¿El único “delito” de la postulante? Ser la cuñada de Hugo Alconada Mon, el reconocido periodista platense del diario porteño La Nación que dio sus primeros pasos profesionales hace más de 25 años en la capital bonaerense y cuyas investigaciones suelen incomodar al poder de turno, como sucede en el presente frente a investigaciones como el caso Libra, ANDIS Y últimamente el escándalo Adorni.
Sombras en el Senado
La postulación de Michelli ya contaba con el consenso técnico necesario y las firmas reglamentarias dentro de la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto.
Sin embargo, la orden directa de la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei, congeló el dictamen. Finalmente, un documento formal firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sepultó sus aspiraciones institucionales con un argumento netamente discrecional.
Esta maniobra enciende nuevamente las alarmas sobre el rol del Poder Judicial como el mayor reducto de los representantes del llamado “Poder Real”, en este caso ligado a la dirigencia libertaria y sus amigos.
La ya clásica y recurrente opacidad estructural de sus miembros se ve alimentada por acuerdos espurios de trastienda donde la idoneidad queda en segundo plano frente al nepotismo o, como en este caso, la persecución ideológica familiar.
El toma y daca del poder
La hipocresía del sistema quedó sellada al observar cómo se destrabaron otras vacantes mientras se castigaba a Michelli. Para calmar las aguas en el Congreso, el oficialismo habilitó en paralelo los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania para la Cámara en lo Penal Económico, magistrados que arrastraban vetos del Ejecutivo por presuntos vínculos con la cúpula de la AFA.
El mensaje de la Casa Rosada es nítido y peligroso: con el “Poder Real” y el fútbol se negocia, pero a la prensa independiente se la estrangula atacando a su entorno.
La provincia de Buenos Aires asiste así a una nueva muestra de cómo las designaciones judiciales continúan operando como un tablero de favores oscuros, sacrificando la transparencia republicana en el altar de las venganzas personales.
