Pablo MMorelos, miembro y representante del Foro permanente para la discapacidad, estuvo en el programa “Palabras más, palabras menos” de LA CIELO FM 103.5 expresando preocupación sobre una nueva vuelta de tuerca a la política de ajuste y desregulación, donde el Gobierno Nacional derogó el fondo de compensación económica que garantizaba la gratuidad de los pasajes de media y larga distancia para personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer. Aunque la narrativa oficial sostiene que el beneficio se mantiene bajo responsabilidad de los privados, la realidad en las terminales describe un escenario de desamparo.
El deseo oficial vs. la realidad de las boleterías
La medida fue presentada por el Ejecutivo como un cambio de financiamiento “de ninguna manera van a perder el servicio, lo que tomó la determinación que tomó el gobierno, es no financiar más eso con fondos públicos pero lo van a tener que afrontar las empresas”. Sin embargo, desde el sector que nuclea a las personas con discapacidad, la lectura es sombría.
Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la discapacidad, advierte que la decisión es apenas “un buen deseo de parte del gobierno”. Según Molero, si incluso cuando existía el fondo de compensación obtener un pasaje era un desafío, el panorama actual es crítico: “si ahora no va a haber financiamiento las empresas lógicamente van a decir ‘A ver estamos con dificultades y no nos van a pagar eso'”.
La contradicción del mercado “libre”
La crónica de este recorte pone de manifiesto una contradicción en la lógica de no intervención estatal. Mientras el Gobierno libera precios en otros sectores, aquí impone una carga al privado sin contraprestación. Molero señala la ironía “si el gobierno con el tema del del gas y la nafta no te dice eso, reconoce que si no entra dinero no puede funcionar, vos le estás pidiendo a alguien que gratuitamente entregue un pasaje, y no lo va a hacer”.
Las empresas, por su parte, ya han manifestado su incapacidad de absorber el costo, alegando que trabajan “a pérdida” y que la cantidad de pasajeros se ha reducido considerablemente. La respuesta empresarial es pragmática y cruda, “mire sí usted tiene el derecho pero a mí el Estado no me paga a mucho gusto”.
“En el medio está la gente”
El vacío que deja el Estado no será llenado por la buena voluntad corporativa, sino por el conflicto permanente en las ventanillas de las terminales. Molero recuerda épocas pasadas donde era necesario acudir con la Defensoría del Pueblo para que se cumpliera la ley, y vaticina el regreso de esas prácticas, “lo que va a pasar va a empezar la pelea continua y en el medio está la gente”.
Un presupuesto con prioridades selectas
La crónica de este recorte se vuelve más amarga al contrastarla con otras decisiones presupuestarias. Molero destaca que, mientras se limitan estos subsidios, se han tomado medidas de alivio para otros sectores, “se condonó 1800 millones de dólares a las empresas en el mismo acto en el que se limitaban los subsidios para la zona fría, para cierta gente hay, para otras no hay. Y siempre es la misma gente”.
El fin de los pasajes gratuitos financiados por el Estado marca, para los afectados, el inicio de una nueva batalla burocrática y legal donde el certificado de discapacidad ya no parece ser suficiente para garantizar el movimiento por el territorio nacional.
Para las personas con discapacidad, viajar no es una opción de ocio, sino muchas veces una necesidad médica o de subsistencia. Al retirar el financiamiento, el Estado delega su rol de garante: “hay un derecho que el Estado no está asegurando, es dejar otra vez sola a la gente y siempre a la misma gente”.
