El Ministerio de Economía de la Nación autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA SA). Se trata de un paso clave para la privatización de la empresa que provee de agua y cloacas a buena parte del conurbano bonaerense. Cómo sigue el proceso.
La iniciativa, que se viene preparando desde los inicios de la gestión libertaria, quedó oficializada en la Resolución 704/26 que se publicó en el Boletín Oficial de hoy. Ahí quedó estipulado que las empresas interesadas en hacerse de las acciones de la empresa tienen hasta el 27 de agosto para presentar sus ofertas. Posteriormente, una comisión evaluadora conformada por tres personas deberá evaluar cada una de ellas y definir la más apropiada, tarea que podría demorar meses.
La intención del gobierno nacional es incorporar “un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa”, según dijo anoche Luis Caputo, el titular del Palacio de Hacienda. “Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento”, expresó.
AySA en los años libertarios
La empresa que abastece de agua y saneamientos al conurbano bonaerense es una de las 8 compañías públicas que quedó “sujeta a privatización” por la Ley Bases. Actualmente, opera en 27 distritos (capital federal y 26 municipios de la provincia de Buenos Aires) donde viven 15,1 millones de personas. Según su reporte de sustentabilidad de 2023, abastece de agua a 11,3 millones de habitantes y de cloacas a unos 9,4 millones.
Desde el principio, la administración libertaria la quiere vender (el Estado nacional tiene el 90% de las acciones y el otro 10% le pertenece a los trabajadores de la compañía) en pos del equilibrio fiscal. En una conferencia de prensa, el por entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que AySA “requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares hasta el año 2023″.
Antes de privatizarla, pusieron en marcha un “proceso de reestructuración y reorganización” que incluyó, entre otras cosas, aumentos de tarifas y despidos. Según documentación oficial, el objetivo era encontrar “el equilibrio económico financiero entre los costos operativos y de inversiones y los ingresos por tarifa”.
Para ponerlo en números, a finales de 2023 había 299 obras en gestión, pero las nuevas autoridades de AySA dispusieron “la continuidad de un total de 36”. A esto le sumaron más de 200 despidos y aumentos exponenciales. De acuerdo con el Observatorio de Tarifas y Servicios IIEP (UBA–CONICET), el precio del agua aumentó un 418% entre diciembre de 2023 y abril de este año.
