El Juzgado Federal N° 1 de La Plata con competencia electoral procesó al intendente de Maipú en uso de licencia, Matías Rappallini (UCR), y a la jefa comunal interina, Lorena Otermín, por presuntas maniobras destinadas a impedir el voto de cerca de 30 vecinos en los comicios de 2019.
Además se estableció un embargo sobre los bienes de los procesados por unos treinta millones de pesos.
La decisión fue tomada por el juez Alejo Ramos Padilla tras analizar pruebas reunidas en una investigación que se inició a partir de denuncias realizadas durante las elecciones generales de ese año en la localidad bonaerense.
El intendente de la UCR accedió a su tercer mandato luego de aquel bochornoso episodio ocurrido en los comicios locales que derivó en una investigación judicial por supuestas irregularidades cuando se impuso por apenas 50 votos en los comicios.
En ese marco, el peronismo a través de Facundo Coudannes, quien fuera su rival por ese entonces, denunció que a decenas de votantes se les retuvo ilegalmente los documentos, lo que derivó en un largo periplo judicial que ahora deja como hito el procesamiento de dos de los principales implicados.
Matías Rappallini ejerció hasta mayo del 2024 luego de obtener su cuarto mandato en los comicios del 2023. Forma parte de la familia más influyente de la localidad, dueña deGigot Cosméticos, la principal empresa local y que tiene a su hermano, Martín Rappalini, actual titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) como su figura más mediática.
El denominado “Clan Rappallini” controla desde hace dos décadas los destinos políticos del pueblo. El sorpresivo alejamiento de Matías Rappallini de su cargo como jefe comunal catapultó al poder a Lorena Otermín.
Una maniobra para impedir el voto
El expediente se centra en la presunta retención indebida de documentos de identidad de al menos 27 vecinos de Maipú, con el objetivo de impedirles ejercer su derecho al sufragio.
Según se desprende de la resolución judicial, las maniobras habrían incluido la entrega de dinero, alimentos, planes sociales o gestiones administrativas a cambio de los DNI. En otros casos, las víctimas denunciaron presiones o amenazas.
El fallo señala que, aunque en un primer momento estos hechos fueron interpretados como “prácticas clientelares” o “compra de votos”, la investigación permitió establecer que se trataba de delitos electorales concretos, orientados a evitar que determinadas personas votaran.
El presunto rol de los imputados
De acuerdo con lo resuelto por el juzgado, existen elementos suficientes para sostener que Matías Rappallini y Lorena Otermín tuvieron un rol central en la organización de estas maniobras.
En ese sentido, el magistrado sostuvo que ambos “organizaron y realizaron acciones coordinadas dirigidas a retener documentos de identidad de terceros mediante engaños” para impedir el ejercicio del voto.
La resolución también remarca que las personas afectadas eran, en su mayoría, mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica, muchas de ellas con hijos a cargo.
La situación de otros involucrados y pruebas
En la misma resolución, el juez dictó la falta de mérito para Marcelo Osvaldo Condoleo, exjefe comunal de la policía, y el sobreseimiento de Federico Rappallini, empresario y hermano de Matías Rappallini.
La investigación fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal y reunió testimonios, documentación, registros de comunicaciones y denuncias realizadas tanto el día de la elección —27 de octubre de 2019— como en jornadas posteriores.
En total, se contabilizaron más de veinte denuncias iniciales, que luego se ampliaron hasta alcanzar al menos 27 casos de personas que aseguraron haber sido impedidas de votar.
Una causa con antecedentes
El expediente ya había tenido avances en años anteriores. Entre 2022 y 2023, el juzgado dictó procesamientos contra otras personas vinculadas a la Municipalidad de Maipú por estos mismos hechos.
Esas decisiones fueron confirmadas por la Cámara Nacional Electoral, que consideró acreditada la existencia de un mecanismo organizado para intervenir en el proceso electoral.
Posteriormente, la investigación fue delegada en el Ministerio Público Fiscal, que continuó con la producción de pruebas y la ampliación de las líneas investigativas.
En ese marco, en abril de 2025 se solicitó la elevación a juicio de los imputados ya procesados, lo que se concretó en junio de ese año.
La causa sigue en trámite
En febrero de 2026, la Fiscalía requirió nuevas declaraciones indagatorias sobre otros posibles involucrados, lo que derivó en el análisis de sus situaciones procesales y en la reciente resolución del juzgado.
Con estos nuevos procesamientos, la causa suma un capítulo clave, aunque la investigación continúa en trámite y no se descartan nuevas medidas judiciales.
