El presidente de la ONG Nuevo Ambiente, Marcelo Martínez, al aire de “Todo No Se Puede” de LA CIELO 103.5 denunció la grave situación ambiental y legal que atraviesan la Isla Santiago y la Isla Paulino, dos joyas de la biodiversidad regional que hoy se encuentran en el centro de una disputa judicial por construcciones ilegales y obras municipales sin control.
Un freno judicial ignorado
La problemática no es nueva, pero ha escalado. Martínez recordó que la ONG obtuvo hace más de un año un fallo favorable en primera instancia que impone una medida cautelar. El objetivo central es que “se confecciona un plan de manejo ambiental en lo que es la isla Santiago y la isla Paulino”. Según explicó, ambas zonas están resguardadas por la Ley de Paisaje Protegido de la provincia, lo que exige pautas específicas de conservación que no impiden la vida de los isleños, sino que buscan un “ordenamiento territorial” acorde a su fragilidad.
Sin embargo, la denuncia actual apunta directamente a la gestión local: “Hasta el día de hoy el municipio no ha confeccionado ese plan de manejo ambiental exigibles en las leyes y también la resolución judicial”. Martínez fue tajante al señalar que se realizaron presentaciones recientes por obras en Ensenada ejecutadas “sin los estudios de impacto correspondiente y violando el fallo judicial”.
Negocios sobre tierra estatal: el caso de los “40 lotes”
Uno de los puntos más escandalosos de la entrevista fue el relato sobre el intento de crear un barrio privado en plena reserva. Martínez detalló cómo lograron frenar la construcción de un complejo de 40 lotes impulsado por una inmobiliaria platense. Lo más alarmante fue el origen de esas tierras: “Ese lugar es estatal, era estatal”, denunció el ambientalista, aclarando que al no poder dar escrituras, los desarrolladores vendían “una posesión” tramitada por un escribano ligado a la inmobiliaria.
A pesar de que los lotes de 10×30 se ofrecían a 30.000 dólares cada uno en redes sociales, el municipio solo actuó tras la visibilización del caso. Martínez cuestionó la supuesta distracción oficial: “El estado municipal tenía que estar atento primero porque tenía que presentar planos de obra y cuarto porque habían hecho ya un portal de ingreso”.
¿Obras menores o impacto mayor?
La polémica actual se centra en trabajos de repavimentación y la instalación de luminarias LED de alta potencia. Aunque para el vecino común podrían parecer mejoras, Martínez advirtió que en un área protegida el impacto es profundo. “Parecen obras menores pero estas obras están violando la resolución judicial por un lado y también no cumpliendo con las leyes provinciales”, sentenció.
El experto explicó que la pavimentación genera residuos sólidos y líquidos peligrosos (combustibles), mientras que la luz LED “provoca daños a lo que es la fauna silvestre las aves principalmente y los insectos”. La normativa es clara: no se pueden realizar loteos, movimientos de suelo ni obras de infraestructura “hasta tanto se confeccione el plan de manejo ambiental”, documento que aún brilla por su ausencia.
La “viveza” como método
Hacia el final de la entrevista, Martínez y los conductores coincidieron en que estas acciones suelen responder a una lógica de “hechos consumados”. El referente de Nuevo Ambiente lamentó que se apueste a “arrancar igual total después conseguimos la firma que nos avale; buscar algún amiguismo político para poder justificar o poder llegar a tener la documentación correspondiente”.
